La juez Pilar de Lara ha solicitado al Ayuntamiento de Lugo que "informe sobre la identidad de todos los concejales de Urbanismo en el periodo de tiempo comprendido entre 2005 a 2010", en relación a la investigación sobre la recalificación de los terrenos sobre los cuales se construyó un campo de golf ubicado en la parroquia lucense de Fixós.
En una providencia con fecha de este lunes del Juzgado de Instrucción número dos de Lugo, aunque de la causa se ha hecho cargo la titular del 1, Pilar de Lara, como ocurrió con el caso Garañón, se libra oficio al Ayuntamiento de Lugo para que informe sobre la identidad de todos los concejales de Urbanismo entre 2005 a 2010. Durante ese período desempeñaron ese cargo el actual secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; Francisco Fernández Liñares, principal imputado en la operación Pokémon; y María Novo, que ejerció como delegada del alcalde Xosé López Orozco para esta materia.
En este escrito también se cita a Victoriano A.S., presidente del club de golf, a declarar el 21 de marzo en calidad de investigado (antes imputado) como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, "sin perjuicio de otras posibles calificaciones jurídicas". Además, son convocados 24 testigos.
También se libra nuevo oficio al equipo de investigación del Seprona de la Guardia Civil para que emita informe sobre "todas y cada una de las irregularidades denunciadas y que constituyen el objeto de la instrucción consultando las actuaciones, la documental obrante, así como la albergada en otros organismos públicos", como el Ayuntamiento de Lugo y la Xunta de Galicia.
Se requiere también que se informe sobre la sociedad Proitec y las fincas "de las que son propietarios en los aledaños del club de golf" e "igualmente para que, con examen de la contabilidad del club de golf y Trepia emitan informe sobre todos cuantos aspectos tengan relación con los hechos investigados".
Alegaciones al Plan General
El escrito judicial hace referencia a las declaraciones del empresario Manuel Jesús Vázquez Corredoira, responsable de Construcciones Pedrouzo, quien acaba de ser citado como investigado en la causa del Garañón en relación a las obras de reforma del piso de José Ramón Gómez Besteiro. En este caso, se recuerda que "afirma que el club de golf le encargó la tarea de coordinar los trabajos necesarios para presentar la alegación al Plan General de Ordenación Urbana".
Este extremo fue ratificado por el presidente del club de golf, quien refirió que, "como consecuencia de la falta de medios del club de golf, se encargó a Manuel Vázquez Corredoira, como socio y arquitecto técnico, que se formulara la alegación al PGOU".
Así, el juzgado emplaza a certificar "si Manuel Jesús Vázquez Corredoira, en algún momento recibió encargo del club de golf para realizar algún tipo de gestión en orden a la relación ante el ayuntamiento de alegaciones al PGOM para la calificación de terrenos del club de golf, así como para la adquisición de fincas para el club de golf".
En el auto se ordena, a su vez, que se informe si el club de golf firmó "algún contrato o resolución del convenio de regulación de las condiciones de retribución por los servicios relativos a la promoción del desarrollo urbanístico de terrenos sitos en la parroquia de Santa Marta de Fixos (Lugo) suscrito con fecha 4 de enero de 2007 con Manuel Jesús Vázquez Corredoira".
Alternativa Ciudadá de Esquerdas
El concejal de Alternativa Cidadá de Esquerdas y coordinador provincial de Izquierda Unida, Carlos Portomeñe, ha recordado que "en 2009" acudió a la Fiscalía, junto con Yolanda Díaz (actual coordinadora en Galicia de IU), a presentar información ante "las sospechas de que se estaba cometiendo un delito de recalificación de los terrenos de Fixós, en el entorno del campo de golf".
"Lo que descubrimos fue que el Plan General de Ordenación Municipal que se enviaba a la Xunta sin haber sido expuesto al público, las modificaciones lo que hacían era recalificar los terrenos, una superficie de 525.000 metros cuadrados de robles centenarios y una zona de especial protección forestal pasaba a ser zona urbanizable para construir más de 400 chalés y que contemplaba incluso un proyecto de hotel", expone.
Portomeñe ha explicado que, con esa información y teniendo en cuenta "los vínculos personales entre la que en aquel momento era concejala de Urbanismo, María Novo, y uno de los promotores, Manuel Vázquez Corredoira", puesto que ambos son cuñados, acudieron a la Fiscalía.
El concejal de ACE en el Ayuntamiento de Lugo apunta que "el Plan General se aprobó inicialmente en enero de 2006, se expuso al público dos meses, después el campo de golf presentó alegaciones en 2006 y cuando el PSOE pierde la mayoría absoluta en 2007, empieza la negociación para cambiar el plan general con el PP y el BNG, que eran los tres partidos que en aquel momento estaban en la corporación".
"Es a partir de 2007 cuando esas alegaciones son recogidas y estimadas para hacer esa recalificación y posteriormente fue enviada a la Xunta, pasando de suelo de especial protección forestal a suelo urbanizable", explica.
Portomeñe ha declarado como testigo por esta misma causa, de forma que la jueza Pilar de Lara lo interrogó la pasada semana. En el juzgado le detalló a esta jueza que estas "irregularidades" las puso en su momento, en el año 2009, en conocimiento de Fiscalía, sin que ésta actuara.