El arranque de la décima legislatura gallega ya tiene, en principio, un objetivo: forzar "socialmente" a que Feijóo se "enfrente" al Gobierno de Rajoy y conseguir que la Autopista del Atlántico (AP-9) esté bajo el control de la Administración gallega. Si se reabren las transferencias a las comunidades autónomas por parte de Ejecutivo central, algo bastante probable en un Gobierno en minoría con necesidad de pactos, el traspaso de la AP-9 será la primera petición que haga Núñez Feijóo. En una entrevista a la radio pública de Galicia, el presidente de la Xunta aseguró que es una cesión viable y está dentro del Estatuto constitucional. "Para Galica el control de la autopista del Atlántico es importante, y por tanto vamos a solicitar, y no vamos a cambiar de opinión en toda la legislatura" explicó en sus declaraciones.
Lo cierto es que ni esta petición es nueva ni viene solo del jefe del Ejecutivo, ya que está avalada por el Parlamento gallego, que aprobó por unanimidad, incluyendo los votos de los populares, una proposición de ley impulsada por el BNG.
Las declaraciones de Feijoo generan poca credibilidad en los grupos de la oposición. El portavoz de En Marea, Luis Villares, asegura que "las hace porque no le queda más remedio" y lamenta que un recién electo presidente de la Xunta no logre ni siquiera que desde Madrid respalden una posición unánime del Parlamento gallego. De lograr esta transferencia, algo que Villares ve factible, no serían las gestiones de Feijoo, sino "la presión política y social, que consigue mover voluntades", la que permita que los gallegos disfruten de esta infraestructura.
En unos términos muy similares se manifestó la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien asegura que este posible traspaso "no va estar en la mano de Feijóo, va estar en la presión política y social que consigamos hacer". Para la nacionalista las declaraciones del presidente de la Xunta son las mismas que ha realizado en los últimos años, y recuerda que en la pasada legislatura el BNG solicitó esta transferencia, "y el PP, incluidos los diputados electos por Galicia, votaron en contra en el Congreso".
Pontón fue especialmente crítica al asegurar que en ocho años de gobierno del PP en la comunidad gallega, Feijoo no solo no logró el traspaso de ninguna competencia, sino que Galicia perdió autonomía, en temas como por ejemplo la aprobación de su techo de gasto.
La postura de los socialistas es similar. Hace tan solo unos días, la Mesa del Parlamento celebró la primera reunión de legislatura y los populares rechazaron una reclamación presentada por el PSdeG para que la Cámara gallega se erigiese en defensora de la ley que reclama el traspaso de esta autopista. Días antes, el Congreso de los Diputados se negó a tramitar esta legislación, al argumentar que tendría implicaciones presupuestarias y estar todavía el Gobierno en funciones.
Prioridad ahora
Mientras la oposición arremete contra Feijóo por un traspaso que no llega, este lamenta que las prisas lleguen ahora, y no en los más de veinte años en los que el Partido Socialista estaba en el Gobierno central. El presidente de la Xunta afirmó que "llevamos más de 30 años de autovía y nunca se consiguió la transferencia de este vial. Nunca escuché al PSOE cuando gobernaba este partido durante 22 años en Madrid, pedir la transferencia de la autovía", apuntó.
Gratuidad
Los partidos de la oposición ven vital que esta infraestructura que vertebra el eje atlántico se gestione desde Galicia y esté libre de peajes, ya que sostienen que actualmente supone una barrera no solo para muchos usuarios con pocos recursos que se ven obligados a utilizar vías menos seguras, sino también para la economía y la exportación de los productos de la comunidad.
Luis Villares reclama que se lleve a cabo ya una rebaja de los peajes, y cuando sea efectivo el traspaso, la gratuidad total, una gratuidad en la que también insiste la nacionalista Ana Pontón.