Correos intervenidos por Vigilancia Aduanera revelan el envío de currículos desde el Ayuntamiento de Pontevedra a los responsables de Aquagest, uno de ellos, de la secretaria del alcalde, en el que se adjunta la experiencia laboral de su hijo.
Estos correos están integrados en un informe atestado de Aduanas, con fecha del 13 de octubre de 2015, y en donde los investigadores piden autorización a la jueza que instruye la operación Pokémon, Pilar de Lara, para seguir investigando al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, así como a otros funcionarios del Ayuntamiento y concejales.
En el informe de Vigilancia Aduanera, al que ha tenido acceso Europa Press, aparece un correo de agosto de 2008 en el que, desde el email de Alcaldía de Pontevedra, se reenvía el currículum que, previamente, le había enviado el hijo de la secretaria a su madre.
Posteriormente, el gerente de la empresa, perteneciente al grupo Aguas de Barcelona, Casimiro G.F., se lo reenvía a otra persona apuntando que es el hijo de la secretaria del alcalde, que es ingeniero técnico en Telecomunicaciones, para que le hagan "una entrevista y lo añadan a una lista de candidatos".
De Casimiro G.F. sale otro correo electrónico en el que se apunta que procede de un familiar de un ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pontevedra, para que "cuando puedan le hagan una entrevista"; así como uno más en referencia a un "compromiso con el PSOE", para que se entreviste a la persona en cuestión y que le "digan lo de siempre", "crisis y que si tenemos algo, la llamamos".
"Holguras negociación"
Al margen de estos correos, también localizó en el ordenador del gerente de Concesiones de la empresa en Pontevedra, otro en el cual alude a "holguras respecto a la simulación para negociación con el ayuntamiento", en referencia al de Pontevedra.
Asimismo, en el ordenador de este mismo trabajador de la empresa de gestión de aguas se intervino una relación de una treintena de políticos y funcionarios de municipios del Sur de Galicia que Vigilancia Aduanera interpreta como un "listado de regalos".
En esa relación figuran las direcciones y nombres de 12 personas que ejercían como alcaldes de localidades como Ribeira, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Cambados, Ponteareas, Ponte Caldelas, Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra, Ribadumia, A Cañiza y Meaño, así como otros cargos municipales y funcionarios y el delegado de la Xunta en Pontevedra.
También constatan que el ingeniero municipal de Pontevedra va a comprar un coche de Aquagest y que se lo arreglaron "antes de su venta". Casimiro G.F. interviene también para organizar un encuentro, junto con otro directivo de Aquagest, entre el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, y Raimundo González, concejal de Hacienda de Pontevedra.
Así, Vigilancia Aduanera apunta que Vendex mantuvo relación con el Ayuntamiento de Pontevedra y que "continúa presuntamente el tráfico de influencias con el fin de hacerse con el concurso del servicio de grúa de Pontevedra y de la ORA de Pontevedra".
Auto y registro en Pontevedra
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, firmó una providencia, con fecha del pasado martes, en la que autoriba a Vigilancia Aduanera a investigar la actividad económica y fiscal del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), y otros miembros de su gobierno local, en relación a las investigaciones que realiza sobre los contratos obtenidos por Aquagest en los municipios y, en este caso particular, en la capital del Lérez.
En el mismo auto, recuerda que Aduanas (en el informe atestado que le precede) llega a proponer a la instructora que llame a declarar a Lores y a otros miembros de la corporación local a los juzgados de Lugo, aunque por el momento, De Lara únicamente dio luz verde en su escrito a seguir las investigaciones y a recabar información de los contratos en el Consistorio.
Este miércoles, un día después de la fecha del auto, agentes de Vigilancia Aduanera han acudido a las dependencias del Ayuntamiento de Pontevedra para reclamar información sobre los contratos de Aquagest desde el año 2009, como también figura en el auto que firma la juez.
Además de dar luz verde a las investigaciones sobre los datos fiscales y económicos del regidor pontevedrés, también autoriza que se accedan a los datos fiscales del portavoz del gobierno local, Raimundo González, así como el que fue concejal del PSOE de Obras en el Rural José Manuel Valcárcel, y a varios funcionarios del Ayuntamiento.