La titular de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha autorizado a Vigilancia Aduanera a investigar la actividad económica y fiscal del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), y otros miembros de su gobierno local, en relación a las investigaciones que realiza sobre los contratos obtenidos por Aquagest -actualmente denominada Viaqua- en los municipios y, en este caso particular, en la capital del Lérez.
En el mismo auto, con fecha del 10 de noviembre, y al que ha tenido acceso Europa Press, Vigilancia Aduanera llega a proponer a la instructora de la operación Pokémon que llame a declarar a Lores y a otros miembros de la corporación local a los juzgados de Lugo, aunque por el momento, De Lara únicamente ha autorizado a seguir las investigaciones y dio luz verde a recabar información de los contratos en el Consistorio.
De hecho, este miércoles, un día después de la fecha del auto, agentes de Vigilancia Aduanera han acudido a las dependencias del Ayuntamiento de Pontevedra para reclamar información sobre los contratos de Aquagest desde el año 2009, como también figura en el auto que firma la jueza.
Además de dar luz verde a las investigaciones sobre los datos fiscales y económicos del regidor pontevedrés, también autoriza que se accedan a los datos fiscales del portavoz del gobierno local, Raimundo González, así como el que fue concejal del PSOE de Obras en el Rural José Manuel Valcárcel. Asimismo, también se investigan a varios funcionarios del Ayuntamiento.
Fundamentos
En el marco de esta investigación, y en lo que se refiere a la pieza vinculada Aquagest, la juez recuerda en su auto que, de las investigaciones realizadas hasta ahora por Vigilancia Aduanera, se deduce, al menos de forma indiciaria, que la empresa, del grupo Agbar, a través de sus responsables, "realizaría presuntamente sobornos en sus distintas modalidades (supuestas entregas de dinero, regalos, contratación de trabajadores) con la finalidad de captar autoridades políticas y funcionarios en distintos organismos públicos y, así, conseguir en un futuro adjudicaciones".
Por un lado, utilizaría supuestamente "varias empresas en apariencia ajenas a Aquagest para amañar concursos públicos", entre las que cita CPS y Boqueixón; y contaría con lo que habitualmente se denomina "conseguidores", cuya función es "abrir la puerta de los diversos entes públicos aprovechando sus conexiones políticas".
En este contexto, se refiere al último informe de Vigilancia Aduanera en el que se apunta, como resultado de actuaciones e intervenciones telefónicas, la existencia, supuestamente, de "relaciones entre la empresa Aquagest y algunas autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Pontevedra, dirigidas, presuntamente, a beneficiar los intereses de la empresa en el ayuntamiento". "Debiendo, no obstante, de practicarse diligencias de investigación a fin de concretar y definir tales intereses", matiza la jueza a este respecto.
Vigilancia Aduanera obtuvo conversaciones telefónicas que se "verificarían a partir de febrero de 2012", cuando "se iniciaron varios contactos entre directivos de Aquagest y miembros del Ayuntamiento de Pontevedra, según parece, con la finalidad de trabajar la renovación de los servicios que vencería el 17 de abril de 2012".
Encuentros
A los investigadores les constan varios contactos. Una invitación en el mes de marzo de 2012 a Raimundo González, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, a un encuentro de baloncesto en Santiago y aluden también a una posterior comida, en cuya organización habrían intervenido el gerente de Aguagest, José Luis Míguez, y el gerente de Concesiones de Viaqua en Pontevedra, Casimiro González. Los gastos de la comida, según señala el auto, se "habrían camuflado en el concepto de obras varias en Galicia".
Luego habría otra comida, el 14 de mayo de 2012, con el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, en un restaurante en Santiago de Compostela a la que acudieron Casimiro González y otro directivo de Aquagest, Henry Laíño. Ese día, Laíño le dice por teléfono a un trabajador que "comieron con el alcalde de Pontevedra y que él mismo sacó el tema de la renovación diciendo que si él movía le tema dentro del ayuntamiento a nivel técnico, Henry conseguía el dinero".
También se menciona otra conversación, del 24 de mayo, en la que el tesorero del BNG en Pontevedra, Xosé Gonta, en el que habla de parte del alcalde de Pontevedra para concertar una cita con Laíño. A mayores, se mencionan un encuentro de directivos de Aquagest con el alcalde el 6 de septiembre en el Ayuntamiento, y dos encuentros más de Raimundo González con miembros de esta empresa.
Viajes
Por otro lado, también figura un viaje que pagaría Aquagest a varios funcionarios y al que era concejal socialista José Manuel Valcárcel, que incluiría una ruta gastronómica por León, País Vasco y Barcelona donde "cada factura no bajó de los 3.000 euros".
Los investigadores también sospechan sobre el pago de una guía para el carnaval, y entradas de fútbol para asistir a partidos importantes como derbis a los que "cualquier ciudadano no podría asistir o le resultaría difícil".
La juez acuerda seguir investigando
La juez ha solicitado los expedientes originales y completos de todos los concursos contratos, vigentes o no, así como los de renovación y prórroga desde el año 2009 hasta la actualidad de las empresas del grupo Agbar -incluyendo Aquagest-, que es la información que han recabado este miércoles en las dependencias municipales.
También ha autorizado a Vigilancia Aduanera a usar los datos fiscales y de la Agencia Tributaria del regidor nacionalista, de su portavoz municipal y de varios funcionarios municipales investigados.
Además, la jueza ha pedido información a la agencia de Bives Tour para que facilite toda la información sobre las contrataciones de viajes realizadas por las empresas del Grupo Agbar y pide comprobar si cuatro personas, entre las que estaría un hijo de la secretaria del alcalde, fueron contratados por empresas de la concesionaria del agua.
Al margen de ello, y en referencia a un email en el que consta una entrega a "determinados organismos y entidades", pide que se contraste la información con las contestaciones ofrecidas por el Ayuntamiento de Santiago y los clubes Lovelle y Obradoiro cuando se les pidió información sobre entregas realizadas por empresas del grupo AGBAR Y Aquagest.