La Audiencia Nacional celebrará desde este lunes el juicio contra los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) acusados de adjudicarse indemnizaciones por valor de 18,9 millones de euros y el abogado que les asesoró en la operación que pergeñaron en plena crisis de las cajas.
La antigua cúpula de la entidad, resultante de la fusión de las extintas cajas de ahorro gallegas Caixa Galicia y Caixanova, se enfrentan a tres años de prisión por modificar sus contratos de alta dirección para poder percibir las prestaciones y a una pena de inhabilitación de otros tres años de inhabilitación para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector bancario.
Se sentarán en el banquillo de los acusados el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso; el que fuera director general de Novacaixagalicia José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, el antiguo gestor de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada; y el abogado Ricardo Pradas Montilla, quien les asesoró en la mejora de sus contratos y omitió esta información a la Comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración.
Los intereses de la entidad
En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a todos ellos delitos de apropiación indebida y administración desleal y, alternativamente, estafa, por asignarse rentas vitalicias, mejoras salariales y pensiones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba Caixanova, que se hallaba en pleno proceso de fusión con Caixagalicia y que había pedido ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para capitalizar la nueva entidad.
El Ministerio Público considera autores del delito a Pego, García de Paredes, Gorriarán y Rodríguez Estrada y cooperadores necesarios a Pradas y a Fernández Gayoso, quien, como copresidente de Novacaixagalicia y "máximo gestor" de la entidad, debería actuado con la "mayor diligencia" para salvaguardar los intereses del banco que dirigía y no "anteponer los intereses particulares" de estos directivos.
Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18.915.291 euros que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.
Anticorrupción detalla que tres de los cuatro directivos -Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán- acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".
Cuatro años de prisión
Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), personada en las actuaciones como acusación popular, reclama cuatro años de prisión así como multas más elevadas, con cuota diaria de 300 euros.
Una vez materializada la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, la entidad fue nacionalizada en 2011, después de efectuarse en ella ajustes contables por los cuales su valor quedó reducido significativamente, contexto en el que abandonaron la institución los directivos de las antiguas cajas.