La Audiencia Nacional ha retrasado de nuevo, en esta ocasión hasta el próximo 8 de junio, la celebración del juicio contra los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia acusados de adjudicarse indemnizaciones por valor de 19,8 millones de euros y el abogado que les asesoró en la operación, cuyo comienzo estaba señalado para el 27 de mayo. En esta causa, la antigua cúpula de la entidad se enfrenta a tres años de prisión por modificar sus contratos de alta dirección para poder percibir las prestaciones.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dictado una providencia en la que acuerda suspender las sesiones señaladas para el 27 y 28 de mayo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y que el juicio comience el 8 de junio.
Los magistrados Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri ya modificaron el calendario a principios de mayo, cuando acordaron retrasar la vista que había sido fijada inicialmente para el 18 de mayo y la señalaron hasta el 9 de julio. La antigua cúpula de la entidad, resultante de la fusión de las extintas cajas de ahorro gallegas Caixa Galicia y Caixanova, se enfrenta a tres años de prisión por modificar sus contratos de alta dirección para poder percibir las prestaciones.
Se sentarán en el banquillo de los acusados el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso; el que fuera director general de Novacaixagalicia José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, el gestor de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada; y el abogado Ricardo Pradas, que asesoró al Comité de Retribuciones.
Apropiación indebida
En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a todos ellos por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y, alternativamente, estafa, por asignarse prejubilaciones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba la entidad.
El Ministerio Público considera autores del delito a Pego, García de Paredes, Gorriarán y Rodríguez Estrada y asegura que Fernández Gayoso y Pradas actuaron como cooperadores necesarios.
Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros, cantidad que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.
Anticorrupción detalla que tres de los cuatro directivos -Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán- acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".
Cuatro años de prisión
Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), personada en las actuaciones como acusación popular, reclama cuatro años de prisión así como multas más elevadas (con cuota diaria de 300 euros).
Una vez materializada la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, la entidad fue nacionalizada en 2011, después de efectuarse en ella ajustes contables por los cuales su valor quedó reducido significativamente, contexto en el que abandonaron la institución los directivos de las antiguas cajas.