La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 18 de mayo a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG), entidad resultante de la fusión de las extintas cajas de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, que se enfrentan a tres años de prisión por modificar sus contratos de alta dirección para cobrar indemnizaciones millonarias. El abogado Ricardo Pradas, que ejerció de asesor en el comité de retribuciones, también será juzgado.
La vista oral está señalada para los días 18, 19 y 20, 27, 28 y 29 de mayo. Continuará el 11, 12, 29 y 30 de junio y finalizará en julio, cuando están previstos para su celebración los días 1, 8 y 9. Se sentarán en el banquillo el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, el que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, así como al letrado Ricardo Pradas.
En concreto, en su escrito de acusación provisional, la Fiscalía Anticorrupción solicitó tres años de prisión para todos ellos por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y, alternativamente estafa, por asignarse prejubilaciones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba la entidad.
El Ministerio Público considera autores del delito a Pego, García de Paredes, Gorriarán y Rodríguez Estrada y asegura que Fernández Gayoso y el letrado Ricardo Pradas actuaron como cooperadores necesarios.
Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros, cantidad que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.
Anticorrupción precisó en su escrito provisional que tres de estos cuatro altos directivos -Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán- acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".
Acusación popular
Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), personada en las actuaciones como acusación popular, cuatro años de prisión así como multas más elevadas (con cuota diaria de 300 euros).
Una vez materializada la fusión de Caixa Galicia y Caixanova la entidad fue nacionalizada, en 2011, después de efectuarse en ella ajustes contables por los cuales su valor quedó reducido significativamente, contexto en el que abandonaron la institución los directivos de las antiguas cajas.