A medida que avanza la instrucción planea sobre el sumario de la operación Pokémon la sensación de que la juez Pilar de Lara Cifuentes tiene ya decidido cuál es la historia que quiere contar en su auto de acusación final pese a que la realidad puede ser distinta o con múltiples matices. En distintos autos judiciales desde que empezó la investigación, la juez De Lara entiende que existen indicios que presuntamente implican a la actual portavoz del Partido Popular de Galicia en "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal" en su comportamiento. Después de ser llamada a declarar como testigo, ahora la juez pone el foco sobre el "inflado" de una factura y supuestas “influencias” para “beneficiar económicamente” a su marido. Fruto de la investigación, De Lara ha tejido un argumento para cercar a los diferentes imputados en la operación Pokémon. De hecho, la juez instructora del caso formó una pieza separada sobre la portavoz y diputada popular. Dada su condición de aforada, De Lara Cifuentes preguntó al Ministerio Fiscal sobre si procedía elevar “exposición motivada” al Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), aunque de momento no se ha concretado su imputación. Además, agentes de la Guardia Civil acudieron este martes al Ayuntamiento coruñés de Arzúa para recabar información sobre supuestas irregularidades en servicios denunciados en el marco de la operación Pokémon. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo también ha ordenado investigar una “posible destrucción” de documentos y archivos de empleados del Aquarium Finisterrae, en la capital de la provincia. Las sospechas en Coruña se extienden a presuntos delitos de fraude, uso ilícito de información privilegiada y prevaricación, entre otros, relacionados con el Ágora, el servicio de aparcamiento del aeropuerto de Alvedro y la retirada de multas. El nuevo marco de investigación de la juez De Lara salta a la luz apenas 24 horas después de que siete miembros de la junta de gobierno compostelana se sentaran en el banquillo de los juzgados de Fontiñas para prestar declaración por presunta prevaricación. La nueva línea de investigación de la juez Pilar de Lara Cifuentes pone en un grave aprieto al PPdeG, que no tendrá más remedio que tomar decisiones inmediatas. Poco después de haber declarado como testigo ante la juez De Lara, Paula Prado concedía una entrevista a Galicia esRadio, en la que la portavoz de los populares gallegos afirmaba que "algunos se arrimaron a la política para favorecerse y hacer negocios". Ahora será la propia Prado la que tenga que defenderse de las graves acusaciones que pesan sobre su persona.
La hoja de ruta de la instrucción del caso Pokémon estaba marcada. Y aunque ésta coincida con la recta final de la campaña para las elecciones europeas, tanto los imputados y como la cúpula del PPdeG lo sabían. Es verdad que decisión de la juez de abrir una pieza separada sobre Paula Prado crea más incertidumbre en la dirección de su partido, que hasta ahora mantuvo silencio.
A estas alturas de la investigación nadie duda de que la juez Pilar de Lara haya destapado una gran trama en la que están implicados políticos y empresarios. De ahí que la titilar del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo e instructora de la operación Pokémon pretenda cerrar el círculo para presentar lo antes posible el auto definitivo.
De lunes negro a martes oscuro
Parece que el lunes negro -con siete miembros de la junta de gobierno compostelano sentados en el banquillo- tuvo su continuidad con un martes oscuro, con la pieza separa sobre la portavoz del PPdeG, Paula Prado, al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser consecutivas de infracción penal". Así se desprende de la formulación llevada a cabo por la juez instructora de la operación Pokémon, Pilar de Lara Cifuentes que, ante la condición de aforada de Prado, preguntó al Ministerio Fiscal sobre si procedía elevar "exposición motivada" al TSXG, aunque de momento no se ha concretado su imputación.
Así consta en un auto con fecha 2 de diciembre de 2013, incluido en una nueva entrega a las partes del sumario de la operación Pokémon -según informa Europa Press-La jueza ampara su decisión fundamentalmente -según alega en el apartado de fundamentación jurídica- en los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, documentación incautada, conversaciones telefónicas y declaraciones prestadas en el marco de la operación Pokémon.
En su argumentación, De Lara subraya que, "sin perjuicio de la investigación del órgano competente", de los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera "se infiere la participación" de la exconcejala compostelana en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceiras, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.
"Influencias"
El auto alude, asimismo, a "influencias" en las que habría intervenido Prado con el entonces también concejal Albino Vázquez y Adrián Varela, también compañero suyo en el Consistorio, para "beneficiar económicamente a su cónyuge en su actividad de venta de materiales textiles" entre ellos a los ayuntamientos de Santiago y Boquixón, "empleando para ello a terceros intermediarios para no involucrar su nombre como proveedor".
Añade la jueza que éste -a quien ha ordenado investigar- "habría utilizado estratagemas como la de facturar, por medio de personas interpuestas". "Así, como persona física, por un lado a Servicios y Materiales, del Grupo Vendex, y a través de otra empresa de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales", remarca el auto.
Supuestos enchufes
En tercer lugar, el auto se refiere a la "influencia" de la portavoz del PPdeG en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".
"Independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la escuela infantil de Salgueiriños. Igualmente podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos", agrega el auto judicial.
En esta coyuntura y ante la "condición de aforada" de Prado, la jueza concluye que hay que abrir una pieza separada de las presentes actuaciones a fin de determinar en la misma "si procede o no elevar la pertinente exposición motivada", previo traslado al Ministerio Fiscal.
Dicha pieza separada, incoada como "diligencias previas", incorpora todos los informes presentados por Vigilancia Aduanera sobre Prado -los relativos a la escuela infantil de Salgueiriños y contratación; el de conversaciones telefónicas de la portavoz del PPdeG; el relativo al espectáculo ‘La Abeja Maya’; y el que atañe a las actividades de su marido. También suma una copia de la declaración que Prado prestó como testigo en el marco de la causa.
Bajo secreto de sumario permanece la declaración de la portavoz del PPdeG, quien esta mañana anuló la visita que tenía prevista al mercadillo de Fisterra (Coruña) dentro de los actos de la campaña para las europeas. Con fecha del pasado 9 de mayo, la jueza Pilar de Lara firmó la prórroga del secreto de sumario que también atañe a declaraciones del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, la concejala Amelia González, el exedil Albino Vázquez y el marchante Leonardo Patterson, así como sobre folios concretos de más de 70 tomos, de los 120 en los que está dividida la causa.
Declaración bajo secreto
La portavoz popular ha evitado en las últimas semanas realizar declaraciones ante los medios de comunicación, pero después de trascender que De Lara investigaba a su marido, sí emitió un comunicado en el que defendió que "nunca intercedió" por la actividad profesional de su marido ni por "ninguna de las empresas" para las que él trabajó. En lo que a ella atañe, agregó que "nunca en su vida" alteró el precio de contrato público alguno.
Prado también aprovechó la nota emitida para remarcar que, pese a que el juzgado ya conocía el informe de Vigilancia Aduanera "no sólo mantuvo su condición procesual" -no está imputada- sino que, tras responder a "todas y cada una" de las preguntas de la jueza, su condición de "testigo" en la causa "no cambió un ápice".
La dirigente popular lamentó que se hiciese público un informe que "arrojaba dudas" sobre sus actuaciones como cargo público, pero no se trasladase también el contenido de su declaración en el juzgado, en la que -aseguró- aclara "todas y cada una de las cuestiones" que pudieron ser interpretadas "de una forma errónea" y que permanece bajo secreto.