La mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento gallego ha permitido este martes la aprobación definitiva de la nueva ley de residuos y suelos contaminados de Galicia. Entre otras medidas, contempla la obligatoriedad de que los restaurantes entreguen las sobras de las comidas a los clientes, que deberá realizarse en envases sin plásticos y preferentemente reutilizables.
Esta norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se ha topado con el 'no' unánime de los dos grupos de la oposición, cuyas enmiendas han sido rechazadas de nuevo en el pleno. Tanto BNG como PSdeG la ven "obsoleta" frente a la normativa europea y critican la falta de "acuerdo" a lo largo de su tramitación en la Cámara.
Ante la presencia de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, la encargada de defender el texto final de esta ley --enviada por la Xunta al Parlamento ya a finales de 2019-- ha sido la diputada del PPdeG Marta Nóvoa, quien ha recalcado que Galicia se convertirá en "pionera" de entre las comunidades para dar cumplimiento al marco europeo de gestión de residuos.
Uno de los cometidos principales de la nueva norma es la disminución de los desechos, que en 2025 --frente al 2030, como marca la Unión Europea-- deberán ser en Galicia un 15% inferiores a los del año 2010. En cuanto a los residuos alimentarios, el objetivo es reducirlos en un 30% para el año 2025 y en un 50% para el 2030, lo que está directamente vinculado a la obligatoriedad de que los restaurantes entreguen las sobras.
Además, la ley incide en el llamado 'vertido técnico cero', es decir, que solo el 10% de la cantidad generada en 2035 acabe en vertederos --algo que la pública Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) logró ya en 2020, según datos de la Xunta-- y que el reciclaje de envases alcance el 65% en 2025 y el 70% en 2030.
La norma fija objetivos para incrementar progresivamente los residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y al reciclaje para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y otros susceptibles de ser preparados para la reutilización. En su conjunto, deberán lograr un mínimo de un 55% en peso para 2025 y el 60% para 2030.
Esto se complementará con la "colaboración" de la Administración autonómica para la puesta en marcha de centros especializados para la reutilización, en especial de aparatos eléctricos y electrónicos, téxtiles y muebles.
La nueva norma de residuos también obliga a los ayuntamientos a instaurar la recogida separada antes de que concluya el año 2023, destierra la venta de vajillas de plástico de un solo uso y blinda la prohibición de entregar bolsas de plástico de manera gratuita.
En materia de suelos contaminados, establece un régimen sancionador con multas de hasta 1,7 millones de euros y, a raíz de una transacción de la oposición, la Administración se compromete a realizar un mapa de suelos alterados que incluya información sobre "el tipo de contaminantes y los riesgos para la salud y para el medio".