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Las víctimas piden una reunión a Ábalos y le preguntan si impulsará la comisión técnica que exige Europa

También se interesan por si va a cesar a los tres altos cargos imputados en la causa, dos de Adif y uno de Renfe

También se interesan por si va a cesar a los tres altos cargos imputados en la causa, dos de Adif y uno de Renfe
Víctimas Angrois | EFE

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia, ocurrido ahora hace ya casi cinco años en el barrio compostelano de Angrois, donde perdieron la vida 80 personas y 144 resultaron heridas, ha pedido una reunión al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al que pregunta si impulsará la comisión técnica independiente sobre el siniestro que en su día exigió Europa, tras constatar que la realizada por la CIAF no fue independiente.

La asociación ha entregado este viernes una carta dirigida al ministro en la que, en primer lugar, le traslada su enhorabuena por el nombramiento.

Las víctimas solicitan un encuentro para abordar, principalmente, cuatro puntos. El primero, "tal y como exige la Unión Europea, que se cree una comisión de investigación técnica independiente tutelada por la Agencia Europea Ferroviaria".

En segundo lugar, en la misiva, los afectados interrogan a Ábalos sobre "si se va a cesar a los cargos imputados de Renfe y Adif". "Todos ellos, puestos de libre designación", subrayan.

En tercer término, le demandan que se les facilite "la auditoría sobre el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad en la circulación que la exministra Ana Pastor encargó al secretario de estado, tal y como lo indicó en la comparecencia celebrada el viernes 9 de agosto de 2013 en el Congreso de los Diputados".

Y ya como cuarto y último punto, le instan a que el ministerio "colabore tanto con el juzgado como con la comisión de investigación parlamentaria entregando toda la documentación que se solicite". "Esta es la única forma de obtener verdad y justicia, por la que luchamos, para que así podamos descansar y no se genere más dolor", concluye la carta de la plataforma.

CIAF

En enero de 2017, coincidiendo con la participación de las víctimas en la comisión de peticiones de la Eurocámara, este órgano reclamó que se lleve a cabo una investigación "independiente" con celeridad sobre el accidente, frente a la que desarrolló la CIAF, la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, que se inscribe en Fomento.

"La comisión (de peticiones) se dirige hoy a la Comisión y pide que esta investigación independiente debe ser iniciada y realizada rápidamente con la supervisión de la Comisión Europea", proclamó entonces su presidenta, la eurodiputada sueca liberal Cecilia Wikström, tras debatir las denuncias de las víctimas.

Wikström justificó "la obligación" de la Comisión Europea de garantizar que haya una investigación "independiente" después de constatar que la propia Agencia Ferroviaria Europea dejó "claro" que la composición del equipo de investigación creado en España "no garantizaba la independencia de la investigación" y no respondió a "preguntas esenciales de las causas en la raíz" del accidente.

"El órgano de investigación (español) no cumplió los requisitos de independencia estipulados en el artículo 21 de la directiva sobre seguridad ferroviaria y por tanto la obligación de investigar los accidentes del artículo 19 no se ha cumplido adecuadamente", esgrimió la eurodiputada liberal.

Pocos días después, el de aquella secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, mantuvo que el Gobierno no tiene "capacidad de instruir" a la CIAF sobre la realización de investigaciones, ya que el organismo toma "sus propias determinaciones".

Ya con anterioridad al pronunciamiento del Parlamento Europeo, la CIAF se defendió (en julio de 2016, tras el contundente informe crítico elaborado por la Agencia Ferroviaria Europea contra su informe del siniestro) asegurando que el nombramiento de los participantes en la investigación se realizó "cumpliendo" con la ley.

Sin embargo, en marzo de 2017, y tras aplicar modificaciones el Gobierno en el marco legal de la CIAF, el candidato del Ejecutivo a presidirla, Fernando Montes Ponce de León, tuvo que recabar el aval del Congreso (PP, Ciudadanos y PNV le respaldaron, mientras que el PSOE se abstuvo y Unidos Podemos-En Comú-En Marea y Compromís votaron en contra) y expresó sus opiniones al respecto del informe de Angrois. Este se realizó, dijo, "con absoluta independencia", por lo que rechazó la conveniencia de reabrirla.

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