La nueva reunión entre miembros de la Xunta y representantes sindicales de los funcionarios del sector judicial gallego para tratar de evitar una huelga indefinida a partir del 7 de febrero se ha celebrado este miércoles en Santiago, pero ha fracasado y ha derivado en un encierro del comité de huelga en la sede de la Dirección Xeral de Xustiza.
El comité de huelga (en el que están representados SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.) ha participado en un encuentro con una delegación de la Xunta encabezada por el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y su homólogo en Función Pública, José María Barreiro, que no ha servido para desbloquear un conflicto cada vez más enquistado.
Tanto es así que el comité de huelga, ante la "impresentable" postura de la Xunta --en palabras de Óscar Freixedo (CIG Xustiza)-- y el hecho de que, "lejos de avanzar", cada oferta "empeora" la anterior, ha optado por encerrarse en la sede compostelana de Xustiza, en concreto en el despacho de la subdirectora.
"Lo que está haciendo la Xunta es un insulto permanente y una provocación", ha trasladado, por su parte, a Europa Press, Manuel Díaz (UGT), quien ha incidido en que la voluntad del comité de huelga es no moverse hasta que logren que la negociación se retome con la mediación de la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez.
Solo con ella, remarcan los representantes sindicales, "se produjeron avances". Los sindicatos también subrayan en que la Xunta "miente" al afirmar que ellos se han "levantado". Por eso han decidido impulsar este encierro.
"No queremos que después nos acusen de levantarnos, nosotros lo que queremos es seguir negociando y aquí vamos a permanecer", ha manifestado el representante de la CIG, mientras agentes de la Policía se han desplazado hasta el lugar del encierro.
REIVINDICACIONES SOBRE LA MESA
A las puertas de una huelga indefinida del sector judicial gallego, los dos puntos más enquistados son los relativos al incremento retributivo (a través del complemento autonómico transitorio) que demandan los sindicatos y el cese de la "discriminación" con respecto a otros funcionarios judiciales que no dependen de la Administración gallega en el caso de bajas por incapacidades transitorias.
En lo que respecta a las bajas, la Xunta ha propuesto seguir hablando del asunto en una mesa de negociación, pero los sindicatos consideran esta propuesta "una forma de ganar tiempo" y no les convence.
Por otra parte, la oferta de incremento retributivo que plantea la Xunta --y que mantiene en el "documento de cierre" presentado este mismo miércoles al comité de huelga-- es de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios.
Los sindicatos se quejan que, en vez de mejorar, la Xunta ha "empeorado" su propuesta en un documento "adornado", ya que ahora determina "que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2019 y que se aplicará en tres anualidades".
Por su parte, el Ejecutivo autonómico defiende que la subida de 270 euros al mes que demandan "es absolutamente inasumible" e incide en que el resto de demandas han sido solventadas.
OTRAS DEMANDAS
La percepción de los representantes sindicales, sin embargo, tampoco coincide. Y es que, aunque en su día reconocieron que hubo "algún acercamiento" en el punto relativo a la consolidación de empleo, también apuntaron que quedaba pendiente aclarar "algunas diferencias en las fechas de creación de alguna plaza y negociar cuáles serían las 36 a consolidar".
En el plan de amortización de 106 plazas que la Xunta aprobó en 2013, explicaron que aceptó "paralizarlo" y recuperar las plazas que se amortizaron desde este ejercicio salvo alguna excepción. Pero también quedaría pendiente alguna aclaración, "y sobre todo los plazos para recuperar estas plazas".
El único punto en el que los sindicatos reconocieron en su día que existía acuerdo es en el relativo a lograr que los trabajadores que hagan su trabajo en otro puesto de superior categoría, cobren "el cien por cien de las retribuciones del puesto en el que desempeña sus funciones".
POLÉMICA INSTRUCCIÓN
La reunión de este miércoles se produjo tras una polémica instrucción de la Dirección Xeral de Xustiza en la que anunciaba que no concederá días de asuntos propios ni de vacaciones en febrero al personal de justicia, al tiempo que revocaba los ya aprobados.
El comité de huelga llevó esta instrucción al juzgado al entender que se trata de una "represalia" por los paros y el preaviso de huelga indefinida desde el 7 de febrero, aunque en declaraciones a Europa Press el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, matizó después que tenía "un carácter informativo" y que se analizaría "cada caso".