La primera jornada de movilizaciones en el sector del transporte ha tenido un seguimiento masivo. Independientemente de la "guerra de cifras" -desiguales- de convocantes y contrarios al paro, Galicia se ha visto "paralizada". Los sindicatos que convocaron la huelga de autobuses -UGT, CCOO y CIG- cifran en un 95% el seguimiento de los paros durante la primera jornada de una protesta que de momento es indefinida y que tendrá lugar todos los martes y miércoles. Mientras, la Xunta acusa a las centrales de incumplir los servicios mínimos, fijados en un 40% en las líneas regulares y en el 100% en las escolares. Más de 67.000 escolares gallegos se han visto afectados por el incumplimiento de servicios mínimos. La Xunta en el 65% de estos no se ha llevado a cabo. La Consellería de Infraestruturas, por su parte, quiere destacar que hubo incumplimientos en el transporte escolar. En lo que sí coinciden unos y otros es que la huelga se ha desarrollado sin incidentes reseñables, después de que los sindicatos y la patronal plantaran a la Xunta en la mesa de negociación por intentar dialogar por separado con ambos, que rechazan el nuevo plan de transporte.
La Xunta ha cifrado en un 65% el incumplimiento de los servicios mínimos del transporte escolar -establecidos para el 100% de las líneas de la Comunidad gallega-, de modo que, según sus datos, hasta 67.500 escolares se han visto afectados por la huelga de autobuses.
En lo relativo a líneas regulares, la Consellería de Infraestruturas maneja datos provisionales proporcionados tan solo por parte de las empresas de transporte que sitúan en el 40% el seguimiento del paro, pero reconoce que la afección a los servicios ha sido mucho mayor porque "diferentes piquetes están vulnerando los derechos de los trabajadores impidiendo la salida de autobuses de las estaciones".
En este caso -en el que los servicios mínimos alcanzan al 40%-, el departamento que dirige Ethel Vázquez apunta también a un "elevado grado de incumplimiento", cercano al 75%.
En este contexto, la consellería ha emitido un comunicado de prensa en el que llama a "la responsabilidad en el cumplimiento de los servicios mínimos" en la huelga y al "respeto a los derechos de los trabajadores y las necesidades de los escolares".
Infraestruturas destaca que mantiene su "oferta de diálogo" a las centrales para analizar los aspectos laborales del plan al que se oponen, y su disposición, asimismo, a estudiar "las propuestas" de la patronal. Además, emplaza a los empresarios del transporte a negociar con los trabajadores la renovación de los convenios colectivos, que tienen carácter provincial.
Las cifras de las otras dos partes
Por su parte, los sindicatos elevan el seguimiento a un 90% o incluso un 95% y aseguran que si los servicios mínimos no se están cumpliendo es porque los trabajadores así lo quieren y tras el desacuerdo en su fijación.
Las tres federaciones más afectadas por el nuevo plan de transporte de la Xunta -la primera fase prevé paliar la renuncia a la prestación de servicios en 500 líneas- calculan un seguimiento medio del 80%, mientras que la otra federación -afectada en un 10% por ese documento- asegura que los servicios mínimos sí se han prestado.
Los sindicatos UGT, CCOO y CIG han desplegado piquetes por las principales cocheras y estaciones de bus de la comunidad, de modo que han bloqueado las salidas. Su intención es mantener el bloqueo en las principales terminales gallegas a lo largo de toda la jornada.
En Lugo, el secretario de la federación de transportes de CCOO,Marcos Pérez, ha destacado que el paro que se ha convocado con carácter indefinido los martes y miércoles está "siendo completo, y está confirmado el 95 de seguimiento". "Los trabajadores están muy volcados en que la Xunta tiene que dar marcha atrás y la patronal tiene que desbloquear la negociación colectiva", ha aseverado. Además, ha reconocido tener constancia de que en"todas" las zonas los alumnos se han visto afectados por la huelga. "Es normal, porque la crispación es enorme", ha subrayado.
Inseguridad en el sector
Cristian Álvarez, de la CIG, ha avisado de la "inseguridad" que se genera en el sector con los cambios que pretende introducir el Gobierno gallego y que calcula que supondrá la pérdida del 30% de los puestos de trabajo. "Es una amenaza muy grande que no se puede consentir", ha alertado, al tiempo que ha avanzado que la movilización "irá a más".
En representación de UGT, Fernando Teijeiro ha argumentado que, dada la geografía gallega, el actual plan de la Xunta va a dejar "a cantidad de pueblos sin servicio de transporte". "Con este plan de la Xunta los pueblos se van a quedar sin servicio", ha afirmado, antes de defender también la necesidad de que se plantee una "negociación colectiva" con la patronal, "que está destruida y paralizada y hay que reactivarla". "No vamos a consentir que se pierdan mil puestos de trabajo", ha advertido finalmente.
El conflicto, que se ha agravado en las últimas horas, responde a la oposición de patronal y organizaciones sindicales al modelo que aspira a implantar el Gobierno gallego, de integración del transporte escolar en las líneas regulares de pasajeros, puesto que aseguran quedestruirá negocio y empleo.
Las centrales sindicales auguran la desaparición de hasta un millar de trabajadores, de una plantilla que en total ronda las 7.000 personas. Las empresas, por su parte, alegan que, con el nuevo diseño, las pequeñas firmas que operan en el rural perderán hasta un 70% de su carga de trabajo. También la Confederación Galega de ANPAs de centros públicos expresó su rechazo al proyecto de Infraestruturas, "por convertir el transporte escolar en transporte de viajeros con reserva de plaza".
La Xunta defiende su anteproyecto
Por su parte, la Xunta defiende su anteproyecto "como alternativa para garantizar que a partir de agosto habrá servicios después de las renuncias de las empresas a seguir prestando más de 500 líneas".
En marzo de 2016, el Tribunal Supremo anuló la prórroga de las concesiones de autobuses de línea regular que el Ejecutivo autonómico impulsó en 2009. Ahora que debe volver a adjudicar la mayor parte de las concesiones, la administración autonómica pretende también reestructurar buena parte de las líneas.