Un nuevo frente se avecina. Esta vez puede traer "arena", como los vientos saharianos. El caso es que la juez Pilar de Lara sigue adelante con su investigación sobre la trama O Garañón. En una nueva providencia, la magistrada ha solicitado al PSdeG, a nivel gallego y de Lugo, y al BNG de la capital lucense, "el pacto de gobierno" de 2077 (que no existió), "identificando a las personas que intervinieron en las negociaciones, en particular en lo referente a urbanismo y al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)". Es decir, De Lara quiere saber si dicho pacto frustrado "guarda relación" con el caso O Garañón.
A raíz de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarara ilegales e ilegalizables las torres y la urbanización de O Garañón -según publica el diario El Progreso-, la Asociación en Defensa del Parque de Rosalía de Castro pidió que volvieran a declarar los políticos y funcionarios investigados, entre los que hay tres técnicos municipales (uno ya jubilado), el exalcalde José López Orozco y los exconcejales de urbanismo José Ramón Gómez Besteiro, Francisco Fernández Liñares y María Novo.
Precisamente, el expresidente de la Diputación de Lugo y exsecretario general del PSdeG Gómez Besteiro tuvo que "dejar" la política por su imputación en este caso que investiga la juez Pilar de Lara.
Sobre los tres técnicos, la juez que instruye el caso dice que "no ha lugar" a citarlos nuevamente, pero cita como testigos a otros dos funcionarios -un ingeniero y una arquitecta- y pide a la asociación que concrete por qué deben declarar nuevamente Liñares y Novo.
Investigación sobre Fixós y Liñares
Según el citado diario, a mayores del caso O Garañón, la juez Pilar de Lara investiga en una causa aparte supuestas irregularidades en el PGOM de Lugo, a raíz de denuncias como la de Esquerda Unida (EU), que alertó de la recalificación que se preveía en Feixós, al lado del campo de golf. Este es uno de los suelos que sigue pendiente de aprobación.
Por esta causa acaba de abrir diligencia al exalcalde López Orozco y de imputar al exconcejal Liñares, que tendrá que declarar el próximo mes.
La oposición se une
Todos quieren que se aclare cuanto antes el caso. Pero a medida que avanzan las investigaciones surgen "algo nuevo". Cansados ya de ser la "foto" de toda Galicia, todos los grupos de la oposición de Lugo se han unido para "tirar" de O Garañón y que el caso le salga "gratis" al Concello. Entre otras ideas, al margen de la jurídica, reclaman la elaboración de un estudio sobre el coste real de la demolición.
El caso es que, por primera vez en lo que va de legislatura, el polémico Garañón ha unido a toda la oposición municipal para que el equipo de gobierno adopte soluciones urgentes. Soluciones que no llegan por parte de la alcaldesa que, con las primarias de su partido (PSOE) y unos presupuestos rechazados, se le acumulan demasiadas cosas.
La oposición lo ha dejado claro: que se constituya urgentemente la comisión, que se aprobó en julio de 2015, y que desaparezcan las polémicas torres para recuperar la vista del parque. El resto es una cuestión que corresponde a la Justicia. Pero también a los intereses municipales, porque el derribo tiene un coste. Incluso, se habla de 300.000 euros la "inyección" de dinero público para acometer la demolición de las torres de O Garañón.