Desde hace tiempo me preocupa muy seriamente lo que está ocurriendo con la Justicia y, mucho más, las motivaciones en las que se basan algunos jueces para dictar sentencias, cuando menos, estrambóticas y alejadas de cualquier escuela de Derecho. Por no hablar de impartir justicia de verdad para todos aquellos -por igual- que infringen las leyes más elementales de un Estado de Derecho. Para ello, no es necesaria ninguna reflexión, sino atenerse a los hechos que llevan a la ciudadanía a desconfiar de la Justicia. O, cuando menos, tener recelo de quienes la imparten.
Estamos atravesando un cambio de ciclo donde la uniformidad está comandada por ladrones y sinvergüenzas, que es lo mismo. Y esa uniformidad de derechos -suponemos, incluidos los sociales- es también el principal exponente que ampara a estos desalmados y afecta de lleno a la Justicia, puesto que la pertenencia del acusado a ciertos círculos o clases sociales, es factor importante al dictar una sentencia. De modo que, pobre de los que no estén amparados por esos generosos círculos y que se tengan que sentar en el banquillo. Lo primero que harán será mirar para la cara del juez, por si su señoría le transmite confianza. Al menos, es un detalle de tranquilidad para el reo que tiene que demostrar su inocencia.
Recientemente, por no decir todos los días, hemos asistidos a escenificaciones mediáticas, convertidas en verdaderas payasadas de distracción, que ponen a la Justicia a la altura del país más bananero del planeta. Para qué hablar del consorte y la infanta, o de los golpistas, que se ríen de las penas que les han impuesto. O de los matones y narcos, a los que se les aplica el tercer grado. O los ladrones que ni entran en trena. Aquí, el que no tenga para pagarse un buen abogado va de cráneo. Porque, o le sale un juez sensato, que también los hay, o la cosa se puede complicar.
Verán a lo que me refiero. Un inmigrante gallego, que se pasó años ganándose el pan en Cataluña, retorno a su tierra, en el municipio lucense de Quiroga. Recordando su juventud se le ocurrió coger unos chorizos e ir al monte a asarlos. El pobre hombre tuvo mala suerte y provocó un incendio de matorral bajo. Y aquí viene lo bueno. Ahora le dicen que el coste de asar los chorizos asciende a 120.000 euros. Y lo que es peor, el hombre está imputado y se enfrenta a una pena de seis años de cárcel por negligencia.
Preocupado, el bueno del hombre, no se marchó del lugar del suceso. Todo lo contrario. Llamó desde su móvil a los servicios de emergencias para alertarles de lo que había sucedido. No como otros, que escapan con maletas llenas a Andorra o Suiza.
A este señor, y no al maromo -sí, el de los mails en los que firmaba como duque empalmado-, o a los ladrones, o a los golpistas o a los sinvergüenzas, como hemos visto, sí lo pueden asar como a los chorizos. Lo de que la Justicia en este país es igual para todos es una broma de mal gusto.