El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ve "lógico" que los diputados "recuperen" el poder adquisitivo en la misma línea que lo harán los conselleiros y el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, de acuerdo con los presupuestos autonómicos de 2017, y en el marco de la "recuperación" económica que, defiende, se ha iniciado en la Comunidad gallega.
"Los presupuestos del Parlamento son distintos a los de la Xunta, así que ahí no tengo capacidad, ni tampoco cobro de la Cámara, pero lo lógico sería que la tónica sea parecida. Igual que se plantea en el Gobierno, me parecería lógico que se haga en el Parlamento", ha defendido, en una entrevista concedida a Europa Press.
El también conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ha esgrimido, en todo caso, que lo que hace el Ejecutivo no es "subirse el salario como tal", sino que "toda la Xunta, todos los que perciben su salario de los presupuestos públicos, recuperan el salario que habían perdido". "Y nosotros somos unos más dentro de esa recuperación", ha indicado, antes de recordar que los conselleiros y Feijóo también participaron en su día del "sacrificio" en los salarios, por lo que "ahora que se puede recuperar el poder adquisitivo" lo recuperan "todos".
Dicho esto, ha advertido que el Ejecutivo gallego es "consciente" de que "no se puede volver a los niveles que había antes de la crisis" y ha esgrimido, como ejemplo, que su sueldo y el de los compañeros que se sientan con él en el Consello de la Xunta permanecen "muy lejos" de las retribuciones que percibían los miembros del bipartito. "Y cuando digo muy lejos, digo a miles de euros", ha apostillado.
En cuanto a los salarios en el Pazo do Hórreo, tras reiterar que vería "lógico" que los diputados tuviesen una recuperación salarial igual que el Ejecutivo, ha añadido que, lo que no considera "lógico" es que En Marea haga "demagogia" sobre lo que hay que cobrar o no y después "todas las polémicas" estén en su grupo. Al margen, sobre el recorte de diputados planteado por los populares en el pasado mandato, ha ratificado que ya no constituye una prioridad. "Lo planteamos en aquel momento y nos parecía adecuado, pero hubo una oposición frontal", ha subrayado.
Área de Vigo
Rueda, uno de los tres únicos conselleiros que permanecen al lado de Feijóo desde 2009, tiene retos pendientes para esta legislatura. En ella aspira a completar los edificios judiciales y considera que el edificio de Vigo va a ser "un buen símbolo" del trabajo que ya se ha hecho hasta el momento en infraestructuras judiciales.
Además, desea continuar la implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia y le gustaría hacer una ley de administración local de Galicia, aunque para ello, recuerda, sería "necesario" que se clarificase la situación de la legislación estatal en esta materia, "declarada en parte inconstitucional". "Me gustaría hacer una buena legislación local gallega, pero ahí estamos un poco a expensas de lo que pase a nivel nacional", ha subrayado, antes de incidir en que, en el marco de esta normativa, tampoco sería factible introducir la obligatoriedad de las fusiones de normativas, algo que exigiría "un pacto de Estado". "Pero sí hacer todo lo posible para que se sigan impulsando de forma voluntaria y todavía con más estimulantes", ha apostillado el también presidente del PP pontevedrés, decepcionado con el conflicto del área metropolitana de Vigo. A su juicio, para que funcione, el alcalde vigués, el socialista Abel Caballero, debe "cumplir" el acuerdo del transporte metropolitano.
Eso sí, considera que, sobre este asunto, "no se va a arreglar nada yendo a los tribunales". "Ni siquiera tenemos el acta de la sesión y habría que verla, ver en qué condiciones se hizo la constitución... Lo importante es ver si va a servir para algo o va a ser un ente que se constituyó sin que se sepa muy bien para qué", ha reflexionado.
Caso Duarte
Sobre la primera citación judicial de un edil gallego de las mareas, Jorge Duarte (Compostela Aberta), en calidad de investigado por prevaricación y si sería necesario un pacto entre los partidos que fije cuándo un dirigente en estas circunstancias debe dimitir, ha respondido que "sí, sin duda" y ha subrayado que, incluso en el ámbito estatal, se analiza si debe integrarse en un pacto más amplio de la justicia.
"Alejaría el ruido mediático, garantizaría mucho más la presunción de inocencia y serían unas reglas de juego que, si todos nos damos, todos deberíamos aceptar y no intentar sacar rédito político", ha reflexionado, tras afear los "juicios paralelos sin piedad" que, a su entender, hacían las mareas a otros partidos en este tipo de casos. El momento "adecuado" para dimitir, ha sugerido, podría ser la apertura de juicio oral. "Incluso por el propio bien del político, alejándole del foco y dándole total libertad para defenderse", ha zanjado.