Comienzan las declaraciones en el marco de la operación Pulpo, que investiga si se cometieron delitos de fraude en subvenciones o amaños en contrataciones durante las etapas del popular Francisco Cacharro y del socialista José Ramón Gómez Besteiro al frente de la Diputación de Lugo. El primero en pasar por el despacho de la jueza Pilar de Lara será este martes el jefe de Protocolo de la entidad provincial, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, citado para las 10.30 horas. La magistrada le atribuye cinco delitos: prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, malversación de caudales públicos y facilitación de información privilegiada.
Ya este miércoles será el turno del último secretario general del PSdeG. Besteiro será interrogado a la misma hora por la titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo en relación con un total de seis delitos: los mismos que Pulpeiro -salvo el de facilitación de información privilegiada- más uno de cohecho y otro de fraude de subvenciones. Será la primera vez que el exdirigente socialista comparezca ante la magistrada después de querellarse contra ella por supuesta "prevaricación judicial", toda vez que lo vinculó con decisiones tomadas en la Diputación de Lugo bajo el mandato de Cacharro Pardo "quién sabe con qué objetivo", según su escrito judicial.
Tras Besteiro, la que fuera jefa de Comunicación de la Diputación de Lugo deberá acudir a los juzgados por cuatro delitos: tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, descubrimiento de secretos y uso de información privilegiada. Finalmente, en la misma jornada se presentará el empresario Raúl López, propietario de Monbus, como supuesto autor de delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiado.
Ya el jueves, las declaraciones comenzarán con la de José Antonio Mourelle Cillero, secretario adjunto de la Diputación de Lugo que tras su imputación renunció a seguir ejerciendo también como secretario del ayuntamiento de la capital de provincia. Le seguirán la interventora de la Diputación, Rosa A.F., citada para las 11:30 horas; y el asesor de fondos europeos de la misma institución, José Enrique R.C., convocado a las 13:00 horas.
La causa
La operación Pulpo arrancó en 2013 por un supuesto caso de acoso laboral entre dos trabajadores de la Diputación de Lugo, si bien en marzo de este año la jueza decidió imputar a las siete personas referidas al detectar "irregularidades" en la gestión del programa turístico 'Km0', adjudicaciones "ilícitas" para "favorecer" a Monbus y subvenciones "fraudulentas" a entidades deportivas relacionadas con Raúl López, como el Breogán de baloncesto.
En paralelo, está bajo la lupa de la juez la partida de gasto social de la Diputación para sus trabajadores, que incluye ayudas médicas y para vivienda, así como en casos de natalidad y nupcialidad, y que fue aprobada en la década de los 90. Otro asunto en cuestión son las "vacaciones subvencionadas" para funcionarios, anuladas por Besteiro cuando llegó a la presidencia del Pazo de San Marcos.
La decisión de Pilar de Lara de sumar seis delitos a los cuatro por los que ya le investigaba en el marco del caso Garañón, en relación con su etapa como concejal de Urbanismo de Lugo, fue lo que puso fin a su carrera política. Al día siguiente de conocerse su nueva imputación anunció que renunciaba a concurrir a la Xunta y, una semana más tarde, dejó el liderazgo del PSdeG.