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Besteiro se querella contra la juez De Lara por prevaricación judicial

Acusa a la magistrada de imputarle delitos sabiendo que no pudo cometerlos y que se basan en hechos que datan del gobierno Cacharro.

Galicia EsRadio
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José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Diputación de Lugo y hasta el pasado viernes líder del PSdeG, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en su batalla contra la juez Pilar de Lara, que lo mantiene imputado por cuatro presuntos delitos en la operación Garañón y por otros seis en la Pulpo. La acusa de un presunto delito de prevaricación judicial, previsto en el artículo 446 del Código Penal y que, de prosperar, podría apartarla de la carrera judicial de diez a veinte años. Los abogados de Besteiro entienden que la juez lo acusó de financiar desde la Diputación viajes para funcionarios a Eurodisney, Alemania, India o Argentina, cuando esos viajes en realidad fueron organizados por la Diputación cuando gobernaba Cacharro, y supuestamente la jueza lo sabía.

Precisamente este lunes, coincidiendo con el levantamiento parcial del secretario del sumario de la segunda operación mencionada, ha trascendido que la defensa de Gómez Besteiro ha presentado una denuncia por prevaricación en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la jueza, para la que pide de 1 a 3 años de inhabilitación e incluso pena de prisión. La firma el letrado Javier Sánchez Vera.

Besteiro entiende que se ha visto perjudicado y perseguido por una serie de decisiones que considera arbitrarias y que han ido en menoscabo de su persona y de su actividad política.

El TSXG decidirá ahora si investiga la denuncia del exsecretario del PSdeG o aparca su tramitación hasta que concluyan las pesquisas en las que este se ha visto inmerso.

Las relaciones entre Besteiro y De Lara se fueron tensando a medida que avanzaban las investigaciones del caso Garañón, donde la magistrada solicitó numerosa información sobre las cuentas del socialista en relación con las obras realizadas en su piso. Cuando fue citado, Besteiro se negó a declarar argumentando que no podía contar con sus abogados ese día, después de que la juez rechazara aplazar su declaración por tal motivo.

La querella

La querella explica que De Lara conocía lo que estaba haciendo porque pidió a la Diputación cada una de las facturas de esos viajes, citando sus cantidades exactas hasta con decimales, y las fechas de cada factura, que iban desde el 2004 hasta el 2006. Besteiro entró en la Diputación en el verano del 2007, lo cual también era conocido por la jueza porque ella misma lo dice en la página 7 del auto de imputación, según explica la querella. "Y todavía más grave: la magistrada ha ocultado en su auto las fechas de las facturas", aseguran los abogados de Besteiro.

El presunto delito de prevaricación judicial que le imputan a la juez conlleva incluso penas de prisión de dos a cuatro años cuando se hubiese producido una sentencia. Pero en este caso, como aún no fue dictada sentencia, porque se trata solo de un juez instructor, el artículo 446 dice en su apartado tercero que el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado "con la pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 a 20 años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas".

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