La Fiscalía Provincial de Ourense ha decretado, al no apreciar indicios de delito, el archivo de las diligencias de investigación penal incoadas como consecuencia de una denuncia que fue presentada contra el presidente de la Diputación de Ourense, acusado de, presuntamente, ofrecer empleo a cambio de sexo.
Tomando como base la declaración de la denunciante, así como las grabaciones aportadas por la misma y diversos mensajes que recibió en sus números telefónicos, el fiscal, según la resolución a la que Efe ha tenido acceso, concluye que no existen en las pruebas citadas "expresión" alguna o "manifestación meridianamente clara" sobre la vinculación entre una supuesta relación sexual y la promesa de un trabajo, -que la mujer no obtuvo-, por parte del denunciado, Manuel Baltar.
Así, del análisis tanto de los de los SMS como de las grabaciones presentadas se desprende que existía una relación de tipo personal entre la denunciante y Manuel Baltar, aunque en los mismos no aparece indicio alguno sobre el presunto trato que vinculara directamente la hipotética relación sexual, en caso de producirse, con la concesión de un puesto de trabajo, circunstancia ésta última que además no se materializó.
Ante una posible incardinación de los hechos denunciados en supuestos delictivos contemplados en el Código Penal, el fiscal valoró, en base a las pruebas presentadas, la posible existencia de conductas contra la libertad sexual, cohecho y abuso en el ejercicio de la función pública.
Respecto al primer caso, señala que la denunciante es mayor de edad y con plena capacidad, y que según sus propias declaraciones no medió uso de fuerza o intimidación.
Sobre los presuntos delitos de cohecho y abuso en el ejercicio de la función pública, el fiscal recuerda que se trata de tipos delictivos que no pueden darse en quien no es autoridad, y que los supuestos hechos denunciados se habrían producido dos años antes de que Manuel Baltar fuese nombrado presidente de la Diputación.
Además, tampoco se está en el caso de que se hubiese procedido a realizar la contratación de la denunciante.
En conclusión del fiscal, los hechos puestos de manifiesto no aportan indicios suficientes de existencia de hechos delictivos, por lo que se acordó archivar las diligencias de investigación penal.
Concluye este dictamen recordando que el archivo no impide, no obstante, interponer denuncia ante el juzgado que corresponda.