El expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal en el Ayuntamiento de Lugo Francisco Fernández Liñares se ha acogido este lunes de nuevo a su derecho a no declarar, en la que era su quinta comparecencia ante la juez instructora de la operación Pokémon, Pilar de Lara Cifuentes, desde el inicio de la investigación en septiembre de 2011. De Lara preguntó a Fernández Liñares por su agenda, a lo que el exedir lucense se negó a responder.
Pasaban unos minutos de las 10:00 horas cuando Fernández Liñares llegó al juzgado de Lugo, acompañado de su abogado, Evaristo Nogueira. Media hora después comparecía ante la juez instructora de la Pokémon y, pasadas las 11:15 horas, ambos abandonaban la sede judicial. "Bien, muy bien. Muy tranquilo", fueron las únicas palabras que pronunció Liñares a su entrada al juzgado, porque ya a la salida señaló que tiene "prohibido" hablar con los periodistas por indicaciones de su abogado.
Precisamente su letrado, Evaristo Nogueira, ha explicado que su cliente "se acogió al derecho constitucional a no declarar". "Su señoría verbalizó las preguntas que le quería efectuar y así acabó la comparecencia", ha apostillado.
Esta citación, según ha precisado Nogueira, era "para preguntar sobre el contenido de una documentación que tenía en su casa". "Puedo adelantar que no era nada ilícito que era una agenda normal como la que podemos tener cualquier persona", ha sostenido.
Demora
Al respecto de que se demoraran tanto estas explicaciones, Nogueira lo atribuye a que "los tiempos en la Justicia son lentos, por desgracia, sobre todo, para quien padece las imputaciones". El abogado de Liñares, casi cuatro años después de abierta la instrucción, ha manifestado que la misma es "compleja" para justificar los retrasos.
"Juegan muchos factores, sería muy largo de explicar los efectos de una instrucción tan larga y las causas son muy complejas de explicar. Juegan un montón de motivos, desde estructurales; a medios, a número de imputados y, por lo tanto, es un conglomerado de circunstancias", ha apuntado.
"Evidentemente una instrucción lenta es perjudicial para quien padece la imputación, la pena del banquillo no está en el código penal pero sí está realmente en la sociedad", ha concluido Nogueira.
La nueva citación de Liñares se ha producido después de que el pasado mes de febrero De Lara emitiera un auto en el que pedía actualizar la información patrimonial del expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de su mujer y de dos hijos, al sospechar que el exedil lucense podría seguir "realizando pagos en efectivo sin la emisión de la preceptiva factura".
En ese auto, con fecha de 9 de febrero, la jueza disponía que se librase oficio a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (Ceca), a la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) para que facilitasen a Vigilancia Aduanera toda la información existente en sus archivos sobre los movimientos realizados en los años 2013 y 2014 en las cuentas bancarias, aunque en la actualidad se encuentren canceladas, en las que figuren como titulares Liñares, su mujer, C.F.F., y dos hijos.