El Grupo Municipal del PP ha entregado al secretario municipal este miércoles una nueva solicitud para la celebración de un pleno extraordinario en el que el alcalde, Abel Caballero, "dé explicaciones" sobre el proceso judicial que investiga el supuesto enchufe de una familiar de Carmela Silva, y en el marco del cual hay cuatro imputados (la cuñada de la teniente de alcalde, un jefe de servicio del Ayuntamiento, el actual interventor y su antecesor).
Después de que su primera petición fuese rechazada con un informe negativo del secretario, el PP ha hecho, según el concejal Miguel Fidalgo, "un ejercicio de concreción", y ha presentado un texto en el que se reclama al gobierno encabezado por Caballero que aclare los criterios de contratación de personal en la concesionaria que prestaba servicio a los centros cívicos y los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones.
Fidalgo ha explicado que, aunque su grupo no descarta recurrir la denegación de la primera solicitud, ha decidido hacer un segundo intento, ya que el reglamento del pleno lo permite. "El alcalde no puede mantener que no hay nada que decir. Si no hay nada que ocultar, que lo diga, pero nosotros pedimos lo que está demandando la calle, que quiere saber qué pasa con las contrataciones", ha concluido el edil.
Tras la presentación de la solicitud, el alcalde tiene cuatro días hábiles para convocar la sesión extraordinaria (si procede esa convocatoria) y, a partir de ahí, se abre un plazo de 15 días para la celebración de ese pleno.
Solicitud denegada
La primera solicitud del PP fue denegada tras la emisión de un informe del secretario, alegando que el gobierno municipal no puede exigir "responsabilidades" por la imputación de tres funcionarios (tal y como pedía el PP en su escrito) porque "no existen responsabilidades que se puedan exigir". Así, el secretario recordaba que hay un procedimiento judicial abierto, en el marco del cual se ha citado a 4 personas como imputadas y "nada, absolutamente nada, puede hacer el gobierno local -salvo colaborar con la Justicia- para evitar un escenario de instrucción en unas diligencias previas", e incluso el PP, con su solicitud, podría incurrir en un "ejercicio abusivo del derecho".
A ese respecto, el informe reflejaba que la propuesta de acuerdo era "de contenido imposible material y jurídico, pues el hecho de que tales funcionarios hubieran intervenido en la tramitación de unos expedientes administrativos que son objeto de investigación, y hayan citados a declarar como imputados (...) no genera responsabilidad de ningún tipo". Por ello, insistía, un acuerdo en ese sentido sería "nulo de pleno derecho".
Con estos argumentos y "ante el escenario de un debate en sesión pública inútil e inquisitivo, con indefensión y perjuicio a terceros", el secretario concluía que el alcalde debía dictar resolución rechazando dicha convocatoria, como así hizo.