La Xunta de Galicia justifica la retirada de las dos funcionarias de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, cuya titular es Pilar de Lara, y en donde se instruyen causas como la operación Carioca o la Pokémon, puesto que estos apoyos "estaban vinculados a un juzgado paralelo en el que no se renovó al juez sustituto" por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En una explicación remitida por la Xunta, consultada por Europa Press, coincidiendo con la queja enviada por la propia De Lara a la Dirección Xeral de Xustiza y al propio vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda; el Gobierno gallego indica que el grupo de trabajo creado en el seno de la Comisión Mixta fue la que "acordó reducir estos refuerzos". Al respecto, subraya que "se mantiene" uno de los tres apoyos hechos, es decir, la persona que tiene el cometido de realizar las transcripciones de las grabaciones de la investigación.
La Xunta señala que para la existencia de los refuerzos en toda Galicia se hace "un importante esfuerzo presupuestario, invirtiendo más de un millón de euros" con este fin. También argumenta que los refuerzos "varían año tras año según las necesidades", que son "debatidas en el grupo de trabajo" antes mencionado, en el que se encuentra la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). A esta instancia, Pilar de Lara también ha remitido copia de su queja, presentada ante la Administración autonómica.
En todo caso, Vicepresidencia afirma que, "como se hace habitualmente", si se "decide reforzar con un nuevo juez los juzgados de Lugo, la Xunta reforzaría su labor con funcionarios".
Queja de Pilar de Lara
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo dirigió una queja al director general de Xustiza de la Xunta en la que expone la situación de "desamparo" en la que quedará la sala que gestiona, con el "inminente cese" de dos funcionarias de refuerzo.
Además, advierte de que esta circunstancia "imposibilitará el cumplimiento de los objetivos propuestos" para la finalización de las diligencias de la operación Carioca y de la Pokémon, cuya "rápida terminación es demandada tanto por las instancias judiciales, como socialmente y por los propios imputados, que se están viendo sometidos a una injustificada 'pena de banquillo'" (como ellos mismos han denunciado).
En ese escrito dirigido a la Xunta, la instructora considera que supone un "contrasentido, por una parte, "prometer públicamente ayudas y apoyos" a los órganos judiciales y, por otro lado, adoptar medidas "como las que ahora se anuncian, consistentes en recortar en dos funcionarios, nada más y nada menos, la plantilla actual" del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.