El expresidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, condenado por prevaricación por firmar decretos para 104 contratos, ha recurrido la sentencia alegando, entre otras cosas, que no hay pruebas de que él conociese la ilegalidad que cometía al seguir el procedimiento de urgencia para las contrataciones, ocurridas en los primeros meses del año 2010.
Fuentes próximas a la defensa del expresidente condenado han explicado que los 60 folios del recurso detallan argumentos como los esgrimidos durante el juicio, celebrado el último día del pasado junio y primeros de julio en Orense. Así, el recurso recoge la posible "vulneración del derecho a garantías procesales y de defensa", pues la investigación de la Fiscalía incluyó certificaciones pedidas a la Diputación y emitidas por los técnicos sin intervención del juez y sin que tuviese conocimiento el que luego sería imputado, acusado y condenado.
En ese sentido, fuentes jurídicas han indicado que esas cuestiones previas durante la investigación de la Fiscalía pasaron a tener valor de prueba de cargo en la sentencia condenatoria, sin que Baltar pudiese conocerlas y defenderse. Además, se argumenta en el recurso que no existen pruebas suficientes de que Baltar conocía la ilegalidad del proceso de contratación ni de que tuviese propósito de conculcar la legalidad.
"Hay pruebas suficientes para concluir que, si adoptó la decisión de contratar, fue para satisfacer el interés general, pues existía una carencia real de personal en la Diputación, tras la pérdida de más de 350 trabajadores durante el segundo semestre del año 2009, tal como reflejan los informes de necesidad", recuerda el escrito, que apunta que todos los jefes de servicio pidieron trabajadores.
Nadie le advirtió
Igual que en las conclusiones del juicio, la defensa de Baltar ha alegado en el recurso que nadie advirtió al expresidente sobre la ilegalidad de los contratos, que él se limitó a decir que había que contratar con urgencia y nadie le advirtió de que había que hacer convocatoria pública para ello.
El recurso incluye una petición para que la Audiencia Provincial -que deberá resolverlo- reproduzca las grabaciones del juicio, con especial atención a las declaraciones del jefe de Personal, José Luis Suárez, del secretario general de la Diputación, Francisco Cacharro Gosende, y del que era interventor José María Baños.
De esas declaraciones, según se argumenta en el recurso, la sentencia solo recogió las frases inculpatorias, mientras que las que podrían favorecer al acusado no fueron ni mencionadas, según las mismas fuentes.
El recurso de Baltar, presentado en la Audiencia en las últimas horas, se suma el ya entregado por el PSOE que ejerció la acusación particular, y ahora las partes tendrán un plazo para sus alegaciones a los recursos.