El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, después de que la Audiencia Nacional decidiese abrir juicio oral a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por sus indemnizaciones millonarias, que su postura "ética y política" en contra de estas compensaciones no ha variado y ha recordado que la Xunta pidió en su día que fueran "reintegradas".
"Fijamos posición política y la trasladamos al gobernador del Banco de España (entonces Miguel Ángel Fernández Ordóñez) que pidiese el reintegro de estas indemnizaciones y aún no nos contestó hoy", ha esgrimido, al término del Consello de la Xunta, antes de subrayar que, en consecuencia, su posición "es conocida". "Y no desde ahora, sino desde hace años", ha apostillado.
Dicho esto, ha insistido en que la Xunta entendió en su momento que "no había lugar" para estas indemnizaciones y que lo planteó ante el entonces gobernador del Banco de España, cuya actitud ha reprobado.
De hecho, ha advertido de que éste no sólo no respondió al Gobierno gallego sino que mantuvo su actitud en otras cajas de España y dejó que sus directivos "se autoconcretaran indemnizaciones millonarias" pese a la "delicadísima" situación de sus entidades.
Juicio oral
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido la apertura de juicio oral a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia, entidad resultante de la fusión de las extintas cajas de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, por cambios en sus contratos de alta dirección para el cobro de indemnizaciones millonarias. El abogado Ricardo Pradas, que ejerció de asesor en el comité de retribuciones, también será juzgado.
El auto da 20 días de plazo para presentar escrito de defensa a la representación del excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, el que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, así como al letrado Ricardo Pradas.
Ese mismo plazo les da para que, de forma solidaria, los acusados presenten una fianza equivalente al dinero que se les reclama, 18,9 millones, "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que les pudieran imponer".
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