La Audiencia Nacional ha acordado abrir juicio oral a cinco antiguos directivos de Novacaixagalicia, surgida de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, entre ellos a su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el supuesto cobro indebido de prejubilaciones millonarias. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decide además abrir juicio oral al exdirector general de la entidad, José Luis Pego; al exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al antiguo responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y al abogado Ricardo Pradas.
En el auto, con fecha de 4 de julio, el magistrado da 20 días de plazo para que presenten escrito de defensa frente a las acusaciones de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, y para que de forma solidaria y en el mismo plazo presenten una fianza de 18.915.292 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer.
Los cobros
En su auto de febrero, con el que se completó la instrucción, el juez Ismael Moreno apuntaba inicialmente a Gayoso, expresidente de Caixanova, como responsable de los contratos de alta dirección firmados primero con José Luis Pego, antes de la fusión con Caixa Galicia, en octubre de 2010. Posteriormente, fue Pego quien replicó esos contratos con Gorriarán y con Rodríguez Estrada, también en Caixanova. Cuando nació la caja única, Novacaixagalicia, en diciembre de 2010, Pego firmó un contrato similar de alta dirección con Javier García de Paredes, que procedía de Caixa Galicia. Este último fue el único que manifestó su intención de reintegrar el dinero, y en su declaración ante Moreno recordó que el cobro íntegro de su cantidad se hizo por recomendación del banco. García de Paredes fue el único despedido desde NCG Banco, ya con el FROB dentro. Pego, Gorriarán y Estrada fueron indemnizados desde Novacaixagalicia, antes de la nacionalización.
Según el auto, estos cuatro directivos percibieron unas indemnizaciones que suman 18,9 millones de euros. La documentación y cuantías a abonar si se les despedía, al que ha pasado en 2011. En todo este proceso, según la instrucción, han contado con el asesoramiento del abogado Ricardo Pradas, encausado también por el juez Moreno.
Medidas cautelares
Ismael Moreno constata en el texto que "constituyen requisitos necesarios y suficientes para decretar este trámite procesal (...) la existencia de acusación formal por el Ministerio Fiscal, o alguna de las acusaciones particulares, que concurren en el presente caso, al haberse formulado acusación por el primero como por las acusaciones particulares".
Moreno también expone, en cuanto a las medidas cautelares de carácter personal, que "deben mantenerse las ya adoptadas en el curso del procedimiento", para "el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas".
"Abierto el juicio oral -prosigue- se dará traslado de las actuaciones originales, o mediante fotocopia, a los designados como acusados y terceros responsables en los escritos de acusación, para que presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas".
Si las defensas no presentan su escrito en el plazo señalado, añade, "se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento".
Contra el auto no procede recurso alguno, excepto a lo relativo a la situación personal de los acusados, y apunta que se pueden reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas.
Fiscalía
En su escrito provisional de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó tres años de prisión para el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, cuatro antiguos directivos de la caja y un abogado por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y, alternativamente estafa, por asignarse prejubilaciones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba la entidad.
El Ministerio Público considera autores del delito al que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; al exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada autores de la estafa, y asegura que Fernández Gayoso y el letrado Ricardo Pradas actuaron como cooperadores necesarios.
Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros, cantidad que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones
Anticorrupción precisa que tres de estos cuatro altos directivos -Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán- acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".
Adicae
Por su parte, Adicae (la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros), personada en las actuaciones como acusación popular, en un escrito con fecha del pasado 17 de junio, solicitó la apertura de juicio oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.
Esta asociación reclama penas mayores para los acusados que el resto de personados, de cuatro años de prisión, así como multas más elevadas (con cuota diaria de 300 euros).
Una vez materializada la fusión de Caixa Galicia y Caixanova la entidad fue nacionalizada, en 2011, después de efectuarse en ella ajustes contables por los cuales su valor quedó reducido significativamente, contexto en el que abandonaron la institución los directivos de las antiguas cajas.