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Los salarios de 21.000 trabajadores en Galicia dependen de Fogasa

Pontevedra lidera las provincias gallegas con 7.941, seguida de Coruña y sus 5.700, Orense con 158 y los 15 de Lugo.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) acumulaba a 31 de marzo de 2014 más de 13.814 expedientes sin tramitar en Galicia, que afectan a 20.997 trabajadores, según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo, en una respuesta parlamentaria, al coordinador de la Interparlamentaria del PSOE, Miguel Ángel Heredia. De acuerdo a esa información, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el conjunto de España hay 201.673 expedientes pendientes de tramitar, y un total de 306.542 trabajadores afectados.

La comunidad con mayor acumulación de expedientes es la de Cataluña, con 53.431, seguida por la Comunidad de Madrid, con 38.801; la Comunidad Valenciana, con 36.218; Andalucía, con los mencionados 20.180; y Galicia, con 13.814 expedientes.

En lo que se refiere a los trabajadores, el Ministerio precisa que los expedientes ante el Fogasa pueden ser de diverso tipo, ya que pueden ser individuales o colectivos, lo que obliga a que el dato sea únicamente una "estimación".

En cualquier caso, el Ministerio de Empleo calcula que hay unos 306.542 trabajadores esperando a que el Fondo de Garantía Salarial resuelva su situación, la mayoría en Cataluña (81.215), en la Comunidad de Madrid (58.977) y en la Comunidad Valenciana (55.051), aunque también presentan cifras elevadas las regiones de Andalucía (30.673), Galicia (20.997), Canarias (11.997) y Murcia (10.399).

Se pondrá al día en octubre

El Gobierno reconoce por último que no puede anticipar si los expedientes serán aprobados, denegados o desistidos, por lo que "tampoco se puede saber cuántos trabajadores tienen derecho a cobrar" ni qué cuantía será necesario abonar.

El pasado 28 de mayo, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, avanzó en el Senado que el Fondo de Garantía Salarial está resolviendo 16.000 expedientes mensuales, con lo que espera ponerse al día de los 150.000 acumulados hasta 2011 el próximo mes de octubre.

Además, en otra respuesta parlamentaria del pasado mes de febrero, el Ejecutivo cifraba en 216 días la antigüedad media de los expedientes pendientes de tramitar por el Fogasa, si bien los más antiguos datan de 2012, con algunas "excepciones" anteriores que "o bien están pendientes de anulación por duplicación o bien tienen una problemática compleja".

Esta situación se debe, según el Gobierno, a un "aumento de solicitudes a causa de la crisis económica", que ha provocado que "en varias unidades provinciales del organismo se hayan acumulado un número muy alto de expedientes pendientes de tramitación".

Para aliviar la situación, el Fogasa aumentó su plantilla en 136 efectivos el año pasado, con lo que el personal cerró el ejercicio con 407 trabajadores, más que los 395 de un año antes aunque por debajo de los 410 que había en 2011 o los 416 de 2010.

Además, el Fogasa ha convocado dos concursos de cobertura de vacantes para completar la plantilla y se han puesto en marcha grupos de trabajo de funcionarios que, fuera de su jornada, ayudaban a agilizar las tramitaciones.

Asimismo, trabajadores de provincias con menor carga de trabajo han resuelto también expedientes de otras zonas del país, se han nombrado funcionarios interinos y se han cubierto las vacantes de todos los niveles para que "la plantilla tenga una ocupación completa".

También se ha llevado a cabo un "proyecto de apoyo a las tareas instrumentales" de Fogasa para reducir el tiempo medio de tramitación de los expedientes acumulados -una acción "temporal y transitoria que desaparecerá al eliminar la bolsa de estos casos", precisa el Gobierno-, y se ha encomendado a la empresa pública estatal Tragsatec algunas labores de apoyo e instrumentales al fondo.

El año pasado, el Fogasa destinó 1.373,6 millones de euros al pago de prestaciones (salarios e indemnizaciones) a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, lo que supuso un 10,2% menos que en el ejercicio anterior. Para este año, hay presupuestados 1.348 millones de euros, aunque el Gobierno no descarta asignar más fondos si es necesario.

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