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La Audiencia abre la puerta al delegado de la Xunta en Orense

El caso comenzó en una denuncia del 2006 por una gestión de subvenciones comunitarias en Arnoia, siendo Rogelio Martínez alcalde.

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La Audiencia Provincial de Ourense ha emitido un auto en el que rechaza los 10 recursos presentados contra la celebración del juicio contra el actual delegado de la Xunta en la provincia, Rogelio Martínez, y otros nueve imputados por posibles delitos relacionados con la gestión de fondos europeos. En el auto, la Audiencia resuelve 10 recursos presentados por varios imputados y el propio fiscal en los que argumentaban que los posibles delitos ya prescribieron, que la cuantía de los fondos supuestamente defraudados no llega al mínimo requerido para ser considerado delito y que un proceso con tribunal de magistrados no era el adecuado para este caso.

Los recursos fueron presentados, según el citado auto, tras la resolución del juzgado de Ribadavia de octubre de 2013 que dictaminó la "continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado", en relación a los hechos imputados a Rogelio Martínez González por su etapa como alcalde de Arnoia.

El resto de los imputados, que ahora podrían convertirse en procesados, son: Pablo Fernández Loureiro, Juan Emilio Aparicio Estévez, Gumersindo Álvarez Rodríguez, Gumersindo Álvarez Martínez, Miguel Reza Paz, María Carmen Gallego Nespereira, Severino Vieira Nieto, Alfredo Lázaro Gutiérrez Vázquez, Ramón Souto Domínguez y Adrián Souto Prado.

La Audiencia, en su escrito, considera que el auto de octubre de 2013 del juez instructor de Ribadavia ya determina los "hechos punibles y las personas imputadas" y deja "refutados tanto los argumentos en relación a la inexistencia de indicio de criminalidad como proclamando con acierto que es innecesario hacer determinada calificación jurídica o descripción concreta de tipos penales".

Todo para el juicio

En su escrito, la Audiencia determina que el plenario --el juicio-- determinará "si los indicios de reproche penal que se deducen son o no susceptibles de elevarse a la categoría de prueba de cargo", y alude a la "reiterada cuestión" planteada en los recursos sobre la posible prescripción de los delitos de falsedad en documento público y sobre la cuantía mínima para que se aprecie un delito de fraude de subvenciones.

En ese sentido, considera que ese debate "desborda este trance procesal", por lo que será cuestión que se aclarará también en el plenario, según las fuentes jurídicas consultadas.

Finalmente, deja patente que esta resolución conocida este jueves --y que rechaza los 10 recursos contra el auto anterior-- es "firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno".

Visión de la defensa

El letrado de la acusación particular, que acudió en primer lugar al juzgado, Xosé Lois Brea, ha detallado a Europa Press que el auto de la Audiencia Provincial "convierte a los hasta ahora imputados en acusados" y "dirime en un solo auto las primeras discusiones jurídicas entabladas en torno a la posible prescripción de los delitos vinculados a estos fondos europeos".

En ese sentido, ha explicado que el fiscal pidió la prescripción en varias ocasiones considerando que el plazo para tener en cuenta comenzó en el momento de solicitarse las subvenciones a Europa, mientras que el letrado de los denunciantes mantuvo que el posible delito "comienza cuando se cobra una subvención y no se dirige a donde tenía que ir".

Cronología

La denuncia presentada por el BNG de Arnoia se refería a las subvenciones pedidas por el Grupo de Acción Local 'Ceivan', presidido por Rogelio Martínez, que recibió fondos europeos destinados -a través de otra sociedad llamada 'Actuar'- a la construcción de una nave para tratamiento de biomasa, a la puesta en marcha de un taller de orfebrería y a otros proyectos de dinamización empresarial en la zona, presentados en el año 2000.

Desde que llegó al juzgado de Ribadavia en 2006, la investigación corrió a cargo de al menos media docena de jueces titulares o sustitutos, con críticas por posibles "dilaciones indebidas" por parte de las acusaciones ejercidas ahora por el BNG, el PSOE y con varias peticiones de sobreseimiento rechazadas en última instancia por la Audiencia Provincial.

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