El Colegio de Abogados de Santiago alerta de las "graves consecuencias" para la capital gallega del anteproyecto de Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ) aprobado este viernes por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y la considera, entre otras muchas cosas, "un retroceso de 50 años". La reforma judicial de Gallardón ha abiertos varios frentes, no solo entre los colectivos judiciales, sino también en los ayuntamientos. Este lunes, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha anunciado que promoverá una campaña institucional para que la ciudad conserve el partido judicial tras confirmarse, según dijo, "el peor de los escenarios posibles". También se mostró contrario a la reforma de Ruiz Gallardón, el regidor de Santiago, Ángel Currás, quien anunció que "hablará con el Gobierno central y con quien sea" para defender la demarcación judicial. El caso es que la reforma judicial de Gallardón ha abierto un gran conflicto en Galicia.
La reforma judicial ha unido a colectivos profesionales y ayuntamientos gallegos -gobernados por diferentes partidos- contra el ministro de Justicia. Este lunes, se han mostrado contarios a la reforma de Ruiz Gallardón porque "tendrá graves consecuencias". Así se manifestaba el Colegio de Abogados de Santiago ante la aprobación del anteproyecto de la LOPJ el viernes por el Consejo de Ministros. Este colectivo critica una reforma porque, entre otras cosas, "su aplicación supondría la eliminación del partido judicial de Comportes" y porque "su aplicación supondría un retroceso de 50 años". Así lo ha señalado el decano de la institución colegial, Evaristo Nogueira, que señala que el texto plantea la creación de un Tribunal Provincial de Instancia (TPI) con sede oficial en Coruña, con lo que "Santiago quedaría relegada, en el mejor de los casos, a lo que el anteproyecto denomina sede desplazada, dependiente de la cabecera".
Además, el Colegio de Abogados de Santiago avisa de que "desaparecería la sección de la Audiencia Provincial en Compostela, cuyas competencias serían asumidas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)".
"Es un planteamiento inaceptable, Santiago es la capital de Galicia y necesita por su singularidad y excepcionalidad tribunales de instancia propios, la ciudad no puede perder competencias ni órganos jurisdiccionales en materia civil, penal, social y contencioso-administrativo, no podemos renunciar a conquistas de varias décadas", sostiene el decano de los abogados de Compostela.
Nogueira señala, asimismo, las consecuencias en materia de apelación "de perder la sección de la Audiencia Provincial en Santiago". "Sería un despropósito que estoy seguro que ni la Xunta de Galicia ni el Ayuntamiento compostelano permitirán", ha abundado.
Peculiaridades
Así, los abogados de la capital gallega hacen un llamamiento "a todos los poderes públicos y a los representantes sociales de la ciudad" para que defiendan "de forma enérgica la identidad específica y las numerosas peculiaridades de Santiago". "El Gobierno tiene que tener en cuenta nuestra excepcionalidad durante el proceso de tramitación del proyecto de ley", ha apostillado
"Santiago es sede de la Xunta, tenemos la universidad, numerosos organismos y el partido judicial incluye también a Teo, Boqueixón, Ames y Vedra, por lo que estamos hablando de una ciudad que no puede permitirse perder ningún tipo de competencia", concluye Nogueira.
Caballero anuncia una "gran movilización"
Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este lunes que promoverá una "gran movilización" para exigir que la ciudad sea la sede principal del poder judicial de la provincia de Pontevedra. Así, en una rueda de prensa, ha criticado el anteproyecto de la LOP, puesto que "relega" a Vigo a "sede desplazada", lo que supondrá "la desaparición del partido judicial" en la ciudad "que más causas genera en Galicia", para su centralización en Pontevedra.
Además, ha señalado que esta reforma produce una situación de inseguridad y que "este modelo uniprovincial no va a funcionar, porque es pretender que Vigo funcione supeditado a Pontevedra". "Es una falta de consideración con la primera ciudad del oeste de España", ha apostillado.
Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Vigo -incluido el Partido Popular- han transmitido su oposición a esta iniciativa. De hecho, el pasado 31 de marzo el pleno acordó por unanimidad instar al Gobierno de España a que retirase esta propuesta de ley para que la ciudad olívica pueda mantener sus órganos judiciales.
"La sede oficial de Pontevedra tiene que ser Vigo y si el proyecto contempla una única sede provincial, tiene que estar en Vigo", ha manifestado el regidor. De esta forma, ha anunciado que el Gobierno municipal propondrá una declaración institucional y enviará cartas "a todos los miembros del poder judicial" y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Asimismo, hará una ronda de reuniones con los representantes del ámbito judicial para realizar una demanda colectiva; presentará iniciativas en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento de Galicia y en la Diputación de Pontevedra; y el alcalde se reunirá con los responsables socialistas en el Congreso.
"Una excepción"
Por su parte, el Partido Popular de Vigo se ha unido a esta reivindicación y ha asegurado que "agotará todas las vías posibles" para que el anteproyecto de ley sea revisado y el nuevo mapa judicial incluya "una excepción que recoja la singularidad" de la ciudad olívica.
Así, el portavoz del grupo popular, José Manuel Figueroa, ha remarcado que Vigo debe tener un tratamiento "singular" porque "no hay ninguna otra ciudad que no sea capital de provincia que soporte su carga judicial, tanto en número de casos, como en sedes judiciales, en la ratio de asuntos por habitante, y en los porcentajes de procedimientos en comparación con la capital provincial o con otras capitales españolas".
También el Círculo de Empresarios de Galicia ha mostrado su oposición a esta reforma de la ley, ya que considera que "sólo el acercamiento de la administración a los ciudadanos, junto con la dotación de recursos puede contribuir a agilizar la justicia".
A esto ha añadido que, además, "llama la atención la inoportunidad de esta reforma, justo cuando, en Vigo, parece haberse desbloqueado el proyecto de creación de la Ciudad de la Justicia, tan necesaria en un área metropolitana que concentra un ingente volumen de causas judiciales".
"La gota que colma el vaso"
Caballero ha indicado que "esta es la gota que colma el vaso de la paciencia de la ciudad", que "está siendo objeto de agresiones continuadas" y ha aseverado que el Gobierno vigués reclamará "su legítimo derecho".
"Vamos a hacer una gran movilización, porque los gobiernos de España y de Galicia sólo atienden a estas razones", ha subrayado el edil, que ha asegurado que Vigo "no va a aceptar el papel secundario que se le da cuando genera una gran cantidad de casos en el ámbito de la justicia"
Aunque de momento ha desechado convocar concentraciones y manifestaciones, el mandatario ha aseverado que no se descarta "nada" y que, aunque se contemplan "varias opciones", esperará a "conocer la opinión de la ciudad".
Finalmente, también ha criticado la "absoluta pasividad" mantenida por la Administración gallega, que "no actuó defendiendo" a la ciudad. "No confiamos en la Xunta, que tenía que haber conseguido que el Gobierno de España contemplase Vigo como sede oficial o podía haber planteado que hubiese dos sedes con mismo rango: Vigo y Pontevedra", ha concluido.
Currás, muy crítico
El alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP), también se ha mostrado dispuesto a hablar "con el Gobierno central y con quien sea" para defender la demarcación judicial y que "no se lesionen" los intereses de la capital gallega. Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras la reunión del consejo de administración del Consorcio de Santiago, en una rueda de prensa en la que ha señalado que el partido judicial de Santiago abarca 26 municipios y 274.000 habitantes.
Del mismo modo, el regidor compostelano ha enfatizado que la demarcación tiene una carga de litigiosidad importante y que, por tanto, "está bien dimensionada".
Al margen, ha señalado que el partido judicial de Santiago es un "dinamizador económico" de la capitalidad y ha insistido en que está constatado que su dimensión es "adecuada".
"Quiero conocer el alcance de la medida para después pronunciarme al respecto, pero no vamos a apoyar ninguna decisión que no defienda los intereses de Compostela", ha comprometido, ante la ley estatal de reforma de los partidos judiciales.