La responsable de la Secretaria general de la Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, ha asegurado este miércoles que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está analizando "minuciosamente" las normas que están impulsando los gobiernos autonómicos de Galicia y Castilla y León para suavizar la aplicación de la reforma local y no ha descartado la posibilidad de recurrirlas al Tribunal Constitucional si es necesario. Así lo ha señalado durante su intervención en el en el XXVII Curso de Economía para Periodistas de Información Económica 2014 ofrecido por la Asociación de Periodistas de Información Económica.
De este modo, Navarro ha señalado que en este momento el Ministerio está estudiando las dos normas impulsadas por las citadas comunidades, para determinar si hay causa de inconstitucionalidad. En el caso de haberla, ha informado de que en primer lugar se tratará de llegar a un acuerdo en seis meses, y si no, se interpondrá un recurso.
La Junta de Castilla y León ha elevado a rango de ley el mantenimiento de las competencias de los municipios de la Comunidad Autónoma a través de un decreto-ley de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a la prestación de los servicios públicos que pretende clarificar esas competencias de las entidades locales tras la entrada en vigor de la "compleja" Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Reforma Local del Gobierno.
Ley de medidas urgentes de Galicia
Por su parte, el Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo ha elaborado una ley autonómica "interpretativa" de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con el fin de resolver "dudas" surgidas en su aplicación.
Precisamente, esta ley de medidas urgentes derivada de la entrada en vigor de la ley de racionalización ya se encuentra en el trámite parlamentario y, de hecho, le ha sido declarado el trámite de urgencia, lo cual ha originado las críticas de la oposición parlamentaria, que piden un debate sosegado y, en todo caso, que el Gobierno gallego recurra la normativa estatal ante el Constitucional.
El proyecto de ley recoge que las competencias que "debe asumir" la Comunidad en educación, salud y servicios sociales "seguirán siendo prestadas por los ayuntamientos", mientras "no se den" las condiciones previstas para su traspaso y, "en particular, el establecimiento del nuevo de sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales" previsto en la ley estatal.
Asimismo, añade que en el marco del que dispongan las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades y de las haciendas locales, el Consello de la Xunta regulará las condiciones del correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales, sin que "la gestión por las comunidades" de dichos servicios pueda suponer "un mayor gasto" para el conjunto de las administraciones.