El juez José Luis Deaño, magistrado de apoyo del Juzgado de Instrucción 1, ha dado carpetazo a una de las principales piezas de la operación Pokémon relacionadas con Lugo, la de la adjudicación del contrato de la fábrica de la luz. Así, ha dictado el sobreseimiento libre para los cinco investigados: el exalcalde José López Orozco, el exconcejal Lino González Dopeso, el jefe de los servicios electromecánicos Miguel Ángel Negral y los dos principales implicados, Francisco Fernández Liñares y Miguel García Gesto.
En esta pieza, según publica El Progreso este jueves, se ventilaban además las sospechas sobre otras dos concesiones: la adjudicación a Artenosa -empresa de Gesto y Liñares- de la publicidad de los autobuses urbanos y los supuestos intentos de favorecer a otra firma relacionada con ellos, Advanza, en el contrato del trasporte urbano. En ninguno de los casos se ha encontrado el más mínimo indicio de comisión de delito.
La operación Pokémon la inició en 2011 la jueza Pilar de Lara. Dos años después, tras un enfrentamiento callejero con Miguel García Gesto, la magistrada se inhibió en todo lo referente a este investigado, por lo que se formó la actual pieza que ahora ahora se ha sustanciado.
En un extenso auto de 25 páginas, el citado diario informe que el juez Deaño repasa uno por uno todos los detalles que estaban bajo sospecha en los procesos de adjudicación de los contratos señalados, y pone las pruebas y testimonios recabados en relación con las acusaciones contenidas en los informes de los agentes de Vigilancia Aduanera que motivaron las imputaciones. El magistrado concluye que dichas acusaciones "son meras conjeturas carentes del más mínimo indicio", que llega a calificar como "un brindis al sol".
Así, no solo descarta que hubiera ilegalidades en los procesos de adjudicación, sino que no encuentra ni siquiera irregularidades administrativas. De hecho, pone de relieve que el Concello incluso se decantó en todos los casos por el procedimiento de concurso abierto, la fórmula más transparente de las que podía haber elegido, y que en todo momento de la tramitación se cumplió con la normativa.
"El papel de Orozco"
Con respecto al papel que pudo jugar Orozco, no aprecia en su comportamiento nada que se aleje de una "relación de cercanía con el señor Liñares, circunstancia por lo demás normal vista la condición de compañero de corporación". "Todo ello sin prejuicio de lo que pueda resultar en la causa principal de la que este procedimiento deriva", añade, sabedor de que el exalcalde mantiene otras imputaciones en otras piezas de la Pokémon.
Con respecto a Lino González Dopeso, limita su presencia en toda esta causa a que firmó las actas cuando era secretario de la junta de gobierno local.
Negral, por su parte, acabó imputado como autor de dos informes sobre la fábrica de la luz, en los que recomendaba que se dejara cambiar las turbinas y apostaba por la adjudicación a una empresa como mejor fórmula de explotación. Son para el juez "informes perfectamente razonados y coherentes" de los que no se puede deducir que tratara de beneficiar a ninguna empresa.
Respecto a los pliegos para adjudicar el transporte urbano, el juez destaca que ni siquiera se llegaron a tramitar.
Pese a que Francisco Fernández Liñares y Miguel García gesto se libran en esta pieza de las acusaciones por los procesos de adjudicación, no salen ni mucho menos indemnes. El juez José Luis Deaño considera que hay suficientes indicios como para continuar la causa contra ellos por cohecho y blanqueo de capitales, Para el exconcejal suma además el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Respecto al cohecho, el auto judicial detalla como García gesto regaló a Liñares un Rolex valorado en 4.000 euros. Sin embargo, este decidió cambiarlo por otro de la misma marca pero de señora, que regaló a su esposa.
Contrato privado
Además, ambos firmaron un contrato privado por el que Gesto cedía a Liñares el 20% de los beneficios y rendimientos netos que generase la empresa que Gesto había creado, junto con Inca, para gestionar la fábrica de la luz.
Este delito de cohecho y el de negociación prohibida a funcionario se tratarán en otra pieza separada que el juez ha ordenado abrir, mientras que dictado auto de transformación en procedimiento abreviado -da por concluida la instrucción- con respecto al de blanqueo de capitales, apunta El Progreso.
En este caso, se les acusa de haber invertido unos 300.000 euros que Liñares habría recibido de distintos empresarios en concepto de comisiones y sobornos en la firma Artenosa, la empresa adjudicataria de la publicidad de los buses de Lugo, en la que Liñares entró como socio y en la que puso a trabajar a su hijo.