El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, ha reconocido que se producen "presiones políticas" durante la investigación de casos de corrupción que afectan a cargos públicos. Así lo ha indicado en una entrevista este domingo en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que García Ortiz ha asegurado que no confía en la creación de una fiscalía anticorrupción en Galicia porque "no es una de las prioridades de este gobierno".
"Desde ese punto de vista estoy casi seguro que no se va a crear una fiscalía anticorrupción. Ahora, el deseo y la necesidad de que eso sea así la seguimos teniendo y compartiendo la mayoría de fiscales de Galicia. Yo creo que es un mal retrato o una visión equivocada de lo que está ocurriendo en Galicia", ha asegurado.
En esta línea, ha recordado que esta petición está "formulada" ante la Fiscalía General del Estado por parte de los fiscales superiores de Galicia, aunque ha reconocido que la creación de este órgano "no está entre las prioridades" del fiscal general que, de apostar por ella, tendría que trasladarla al Ministerio de Justicia.
Presiones políticas
García Ortiz ha reconocido que durante la instrucción de casos de corrupción que afectan a cargos públicos se producen "presiones" desde figuras de la política y las instituciones, aunque ha matizado que se trata de "pocos y muy concretos los casos de presiones directas".
Con todo, el fiscal ha apuntado que, en la mayor parte de las ocasiones, estas presiones llegan a través de "amenazas veladas" y "sutiles" que reciben "la mayoría de los fiscales" cuando gestionan un "caso complicado" como los de corrupción, que son "muy mediáticos".
"Lo ideal es que no se produjeran, lo ideal es que no hubiera declaraciones de los miembros de los ejecutivos, central o autonómicos, sobre cómo deben dirigirse los procedimientos judiciales", ha manifestado.
Cartel del Carnaval de Coruña
El fiscal también ha sido preguntado sobre la citación como investigado del concejal de Culturas del Ayuntamiento de Coruña, José Manuel Sande, tras una denuncia que partió de la presidenta de la Asociación de Viudas de Lugo por un cartel del Carnaval al entender que ofendía los "sentimientos religiosos" por una imagen que identifica con la figura del papa.
García Ortiz ha opinado que la "reflexión" de si a través de la protección de las confesiones religiosas se pone en peligro la libertad de expresión debe realizarse en "la sociedad española" y no desde "las fiscalías y los tribunales".
Así, ha expresado que es preciso reflexionar sobre si puede producirse "una deriva" que ponga "en peligro otros bienes jurídicos tan importantes o más en un estado democrático como puede ser la libertad de expresión o todo lo que rodea a las libertades democráticas".