Alrededor de un centenar de pensionistas se concentraron este miércoles ante el Parlamento de Galicia para reclamar el restablecimiento de la jubilación a los 65 años y una pensión mínima de 1.080 euros en catorce pagas anuales.
Los convocantes de la concentración, Modepen (siglas de Movimiento galego pola defensa das pensións públicas) indica en una nota que el aumento de las pensiones de "0,25% o un euro" supone para los pensionistas "una burla", atendiendo al aumento del nivel de vida.
Los pensionistas, que mostraron varias pancartas reivindicativas y corearon consignas como "más pensión y menos corrupción" frente al Parlamento de Galicia, coincidiendo con una reunión plenaria, indicaron su intención de exponer sus reivindicaciones a las formaciones políticas de la Cámara autonómica, a las que ya han transmitido documentación al respecto.
Entre sus reclamaciones, que han sido presentadas en otras comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados, figuran también que la jubilación anticipada no sea penalizada y que los que hayan cotizado al menos durante cuarenta años perciban la totalidad.
Además, piden la aplicación inmediata de los derechos a las personas en situación de dependencia, eliminar todo tipo de copago de fármacos, restituir los derechos del sistema de salud y garantizar suministros básicos tales como electricidad, agua o transporte, a los jubilados.
Asimismo, en sus demandas figuran la de revalorizar las pensiones en base al aumento real del índice de precios al consumo que desde 2011 calculan que fue superior al 6,5%, para evitar una pérdida del valor adquisitivo, además de una homologación de las prestaciones a nivel europeo y el establecimiento de un "tope mínimo" para los emigrantes retornados.
Galicia figura como la comunidad autónoma con las pensiones más bajas de todo el Estado y, según la asociación Mopeden, las mujeres cobran una media de 400 euros menos que los hombres.
La concentración forma parte de una serie de movilizaciones en diversos puntos de España para reclamar un sistema público de pensiones sostenible y denunciar los intentos de privatización.