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Unanimidad para pedir recursos para víctimas de violencia de género en el rural

La iniciativa del PSdeG sobre los juzgados especializados fue rechazada con los votos del PPdeG.

Todos los grupos con representación en el Parlamento de Galicia -PP, En Marea, PSOE y BNG- han acordado reclamar a la Xunta "los medios y recursos suficientes" para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencias de género en el medio rural. El objetivo, según recoge la iniciativa de En Marea, que se debatió este martes y defendió el diputado David Rodríguez, es "evitar situación de aislamiento". Además, pretende mejorar y ampliar las conexiones de transporte colectivo entre los núcleos de población rurales con las cabeceras comarcales y las ciudades -como pidió el BNG a través de una enmienda 'in voce' de la parlamentaria Olalla Rodil-.

El otro punto del texto que se ha aprobado por unanimidad en el pleno de la Cámara requiere la oferta de cursos de formación sobre temas vinculados con el "empoderamiento" e implementar campañas de sensibilización y concienciación orientadas específicamente a las mujeres rurales. No salió adelante, por el rechazo ya anunciado del PPdeG, un tercer apartado relativo a la apertura de centros de información a la mujer (CIM) en cada ayuntamiento.

Y es que la diputada popular Paula Prado se mostró muy crítica con el cierre del de Ponte Caldelas, donde gobierna el PSOE. Por su parte, la socialista María Luisa Pierres replicó que el servicio en Ponte Caldelas está "garantizado" y alegó que el CIM "se cierra temporalmente, precisamente por los recortes, por la incapacidad para mantener el servicio".

Rechazada la iniciativa sobre juzgados

La violencia de género ha marcado el pleno de esta semana en la Cámara autonómico, tras los últimos crímenes machistas ocurridos en Galicia en pasados días, en una sesión en la que, además de esta propuesta sobre su incidencia en el rural, se debatió otra acerca de la situación de los juzgados especializados en la Comunidad -del PSdeG-. Esta ha sido rechazada por el voto en contra del PP, después de que, en su intervención el martes, la diputada socialista Patricia Vilán solicitase, entre otras cuestiones, que se incremente el número de juzgados especializados en violencia de género en Galicia.

La propuesta también buscaba poner en marcha el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas y perseguía reformas en dependencias judiciales para evitar el cruce entre víctimas y agresores. Al respecto, Vilán se quejó de que en Galicia solo hay dos juzgados exclusivos contra la violencia de género en Vigo y Coruña, puestos en marcha por el "tremendo monstruo de dos cabezas" del bipartito, según ironizó. Previamente, también el martes, se aprobó una moción por unanimidad -a propuesta de En Marea- para instar a la Xunta a convocar a patronal y sindicatos para promover que en la negociación colectiva en el ámbito gallego se considere como objetivo a alcanzar en 2020 la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Enmienda del PP

Al texto del PSdeG sobre los juzgados presentó una enmienda de sustitución el PPdeG, pero finalmente no ha habido lugar para la transacción, pese a la intención inicial de negociar. En concreto, los populares incluían matices como que se incrementase el número de juzgados en materia de violencia de género en función de lo que la Comisión Mixta considere necesarios, mientras que las reformas se realicen "cuando sea posible".

Al respecto, Paula Prado (PPdeG) reclamó al PSdeG "que no haga demagogia" y "que no se pongan las muertas encima de la mesa" del Gobierno gallego, puesto que la violencia de género es responsabilidad de "todos". Por su parte, Luis Villares (En Marea) demandó que, "como mínimo", se creen juzgados exclusivos de violencia de género en las cinco ciudades en las que no existen, mientras que se mostró a favor de que en los juzgados especializados -que existen en más de 40 municipios- pueda haber exclusividad cuando el trabajo exceda en un 100% la carga de trabajo. Asimismo, Luis Bará (BNG) apoyó el refuerzo de los juzgados exclusivos ante el repunte en los casos de violencia machista.

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