Que los desahucios descienden en Galicia un 3,4% más que la media estatal es una buena noticia. Somos la cuarta comunidad con menos desahucios, pero se ejecutan siete al día. Cada cual que lo interprete como quiera.
Los responsables del Gobierno gallego se cansaron de afirmar que se hizo y se hará todo lo posible para frenar los desahucios. Pero las medidas adoptadas son insuficientes ante la dimensión que está adquiriendo ese grave problema.
Nadie, en la Galicia del siglo XXI, debería quedarse en la calle como consecuencia de los efectos de la crisis económica, en vías de superar. Ese es un axioma que debería cumplirse a rajatabla. Es necesaria una ley para evitar que las familias amenazadas de desahucios puedan acogerse a ella sin verse en la calle de inmediato y beneficiarse de una moratoria. Lo mismo que la constitución de una bolsa social de viviendas como anunció la Xunta es una buena medida paliativa. Pero su articulación avanza demasiado lenta.
La acción en defensa de los desahucios debe ser mucho más eficaz y comprometer al Gobierno autonómico, ayuntamientos y banca en un plan coordinado de ayuda a los afectados. La escalada de desahucios, aparte de los problemas personales que provoca, y que en algunos casos contra las personas, está creando una auténtica alarma social y un evidente riesgo de exclusión para miles de ciudadanos.