Tras una maratoniana jornada judicial la magistrada Marisol López, titular de Juzgado de Instruccion 3, puso fin a los interrogatorios. La juez acaba de decretar libertad con cargos para los trece detenidos dentro de la operación que investigaba fraude de Seguridad Social. Los trece arrestados quedaron en libertad, siete en sede policial y los seis que pasaron la noche en los calabozos y hoy pasaron a disposición judicial, quedaron en libertad con cargos y con obligación de comparecer semanalmente.
El entramado de fraude de Seguridad Social atribuido al grupo Hermida podría rondar los 12 millones. Los arrestados llegaron sobre las nueve y media de la mañana de este jueves a los juzgados de Vigo en un furgón de la Policía Nacional que entró directamente en el garaje. Entre los detenidos figuraban presuntos testaferros que estarían al frente de sociedades instrumentales y beneficiarios del grupo de empresas. Este jueves pasaron a disposición judicial seis de los detenidos, que llegaron por turnos al juzgado en los correspondientes furgones policiales.
‘Modus operandi’
Según la investigación, el 'modus operandi' de la red consistía en la creación de una empresa en la que sólo daban de alta a algunos de los empleados y en la que no emitían 'tickets' ni facturas para generar solo gastos y no beneficios. Tras pocos meses, justificaban el cierre de la empresa por las supuestas pérdidas y se declaraban insolventes para eludir pagos a la Seguridad Social.
Posteriormente, creaban una nueva empresa con distinto nombre pero con los mismos empleados, con lo que muchos de ellos, que en todo ese tiempo cobraron su sueldo y no dejaron de trabajar, "ni se enteraban" de estos hechos hasta que consultaban su vida laboral y comprobaban que había "contratos falseados" y no habían cotizado por todo el tiempo trabajado.
3.500 movimientos
Este entramado llegó a crear un centenar de empresas por toda Galicia y, de ellas, 64 figuraban dadas de alta y generaron 3.500 movimientos de trabajadores; 36 no fueron dadas de alta; y otras 16 eran utilizadas para facturar importantes cantidades de dinero y "obstaculizar las labores de inspección".
La red empresarial creaba distintas mercantiles en las que daba de alta en la Seguridad Social a "gran cantidad" de trabajadores. Con ellas generaba una deuda por no pagar las cuotas sociales, y se valía de nuevas sociedades donde volvía a registrar a los empleados.
Todas estas empresas estaban vinculadas a su vez una compañía ubicada en Cabral, que era la empresa matriz de este "entramado familiar" y funcionaba como una asesoría que gestionaba al resto de mercantiles. Estas empresas se dedicaban a distintos ámbitos como construcción, reformas, inmobiliarias, talleres de reparación, seguridad, informática y, principalmente, hostelería, y se estima que han defraudado casi 3 millones de euros.
Coacciones a empleados
Durante las investigaciones, la Policía Nacional tomó declaración a más de un centenar de trabajadores y comprobó que éstos no tenían conocimiento de las altas y bajas que se registraban en las distintas empresas de la red.
De hecho, averiguaron que si los empleados pedían explicaciones de por qué en su nuevo contrato figuraba una sociedad distinta a la anterior, los responsables "les amenazaban" con no entregarles el cheque de salario si no lo firmaban. Además, los trabajadores señalaron que no cobraban por las horas extra aunque con contrato de media jornada llegaron a trabajar 60 horas a la semana.
Fuentes de la Policía Nacional han indicado a Europa Press que las investigaciones se iniciaron a finales de 2014, cuando una persona denunció que aunque trabajó más de 5 años en la misma empresa, en su vida laboral constaba que había trabajado en empresas de distinto nombre de forma discontinua, con lo que en algunos periodos no había cotizado.
Otra causa
La Policía Nacional ha indicado a Europa Press que los hermanos y presuntos cabecillas de este entramado también están vinculados a otra causa judicial que se sigue en relación a una trama que certificaba cursos de formación supuestamente falsos a vigilantes de seguridad de Pontevedra.
En dicho caso, a través de una empresa de vigilantes de seguridad, en connivencia con un centro de formación, supuestamente certificaban a algunos de sus vigilantes en cursos que no habían realizado, tras lo que se repartían subvenciones públicas y la empresa utilizaba bonificaciones en el abono de sus cuotas a la Seguridad Social por la formación ficticia recibida por los vigilantes.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo es el que está a cargo de esta causa, en la que se encuentran como investigados la directora del centro de formación y tres responsables de la empresa de seguridad por la supuesta comisión de delitos de falsificación en documentos oficiales.