El presidente de la Confederación Española de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, -uno de los más de 50 investigados en la operación Zeta por supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas- ha negado haberse apropiado de dinero.
También ha indicado que si contrató a Azetanet -también investigada y a que cuyo presidente, Gerardo Crespo, se sitúa como principal cabecilla de la trama- fue por "recomendación de la Xunta de Galicia" y, en particular, se refirió a "altos personajes políticos y altos funcionarios".
"Me decidí porque me lo recomendaron en la Xunta de Galicia", ha dicho tras precisar que, antes de contratar con Azetanet, no conocía a Crespo, de quien recordó, ligado a la contratación que hico con él, que esta persona era "un señor integrado absolutamente en el Partido Popular".
Por su parte, en rueda de prensa, su abogado, Xoán Antón Pérez-Lema, ha admitido que pudo haber "errores administrativos" en algunas de las actividades programadas por Caype.
Tras la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Coruña de incoar una pieza separada relativa a esta confederación y remitirla a la Audiencia Nacional por extenderse las subvenciones, obtenidas supuestamente de forma fraudulenta, a otras comunidades autónomas, Calviño ha argumentado que "si había algún fallo, la obligación de detectarlo era de los formadores".
En concreto, su abogado ha cifrado en 330.000 euros la cuantía en la que podría haber "errores administrativos", pero ha rechazado, como sostiene en un auto la jueza, que el "engaño" para obtener fondos públicos afecte a un importe superior a los cuatro millones de euros.
Así, tanto el letrado como su cliente han defendido que, desde 2004 hasta 2008, no hubo "irregularidades" y que, de la cuantía de 330.000 euros, 220.000 corresponden a subvenciones recibidas en el año 2009 "por diferencias imputables a los formadores", han insistido.
Azetanet, recomendada por políticos
Sobre la empresa que se encargaba de la mayoría de estos cursos, Azetanet, -y cuyo presidente, Gerardo Crespo, fue militante del PP-, Calviño ha señalado que fueron "altos personajes de la política y altos funcionarios" de la Xunta quienes le dijeron que era una organización "seria".
"Y fueron ellos quienes me recomendaron Azetanet", ha dicho sobre una trama en la que están pendientes de declarar, en unos casos como testigos y en otros como investigados, cargos y exaltos cargos de la Xunta y de otras comunidades autónomas, además de la Administración central.
Entre los investigados, están la exdirectora general de Traballo y actual directora xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia, Ana María Díaz, y el exdirector de Formación e Colocación durante el bipartito, Pastor Fuenteseca Díaz. Entre los testigos citados, están la exconselleira de Traballo e Benestar y actual responsable de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato.
"Errores" en la investigación
Sobre la investigación llevada a cabo, el letrado Pérez-Lema ha apuntado a la existencia de "errores de metodología graves" por parte de la UDEF y la Agencia Tributaria que habrían llevado a la actual situación judicial de su cliente. "Puede haber irregularidades, pero son responsabilidades administrativas", ha insistido.
"Hay una panda de imbéciles en el Ministerio de Trabajo y en otras comunidades autónomas", se ha preguntado, a su vez, con ironía, el presidente de Caype al insistir en que obtuvo de forma legal las subvenciones.
Por otra parte, ha dicho que su organización dejó de obtener subvenciones "cuando se concedieron a empresas vinculadas a partidos políticos y UGT".
También ha negado no tener asociados, precisando su letrado que, como confederación, de Caype formaban parte federaciones. Ambos han insistido en que, según la normativa existente, "el 20% de las ayudas eran para funcionamiento de la organización y el 80% para formación".
Mientras, sobre su sueldo neto de 4.500 euros al mes, Calviño ha dicho que fue aprobado "en asamblea" por los miembros de esta entidad. Por su parte, su letrado ha confirmado que no recurrirán el auto de la jueza, pero que trabajan en la elaboración de un informe pericial que rebata el realizado por la Agencia Tributaria.