La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado la prisión eludible bajo sendas fianzas de 100.000 euros para los seis detenidos en Galicoia por pesca ilegal de austromerluza en aguas reguladas por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos desde, al menos, el año 2006.
La magistrada, que atribuye a los acusados delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal, les ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte, la presentación quincenal en el juzgado más cercano a su domicilio y la obligación de fijar la localización de su vivienda. Para la pesca de este pez, cuya venta alcanza altas cotizaciones en el mercado, el entramado utilizaba diversos buques registrados a nombre de empresas interpuestas« con banderas de conveniencia y constantes cambios de nombre».
Los beneficios obtenidos se blanqueaban a través de un entramado societario radicado en España y en el extranjero, y los acusados llegaron a percibir indemnizaciones por el hundimiento de buques que transportaban la mercancía ilícita, según el auto.
Entre los detenidos se encuentran cuatro miembros de la familia Vidal-Pego: el padre Antonio Vidal Suárez y sus tres hijos Belén, Antonio y Ángel. La madre, Manuela Pego, que no ha comparecido este miércoles ante la juez, también se encuentra imputada por los mismos hechos. Además, han sido arrestados los trabajadores de la empresa armadora Vidal Armadores, de Ribeira, Joaquín Manuel Pérez Mariño y Francisco Rama Gago. Se relaciona con la trama a un tercer empleado, Ramón Vicente Serafín.