Los problemas se le acumulan al Ayuntamiento de Miño. Tras las elecciones del pasado mes de mayo existe un "vacío" en el gobierno municipal, ya que está dirigido solo por su alcalde, Ricardo Sánchez. A falta de entendimiento entre los grupos municipales socialista y popular, ahora se le suma otro problema que viene del anterior equipo de gobierno: un nuevo auto judicial sobre el caso Fadesa otorga a este concello coruñés un plazo de cuatro meses para presentar un plan de pago de los 21 millones de euros que adeuda a los expropiados. El documento, fechado el pasado 16 de octubre, requiere al Ayuntamiento una "propuesta razonada" que resuelva “del modo menos gravoso” para el municipio la ejecución de la misma.
"El proceso de la urbanización de Fadesa en Miño sigue su curso y, paso a paso, va arrastrando al Ayuntamiento a una situación dramática", apuntan desde el PSOE de Miño, que se han mostrado "alarmados" por la situación a la que está abocado el Consistorio, cuya situación económica era ya “apurada antes de esta deuda”. La cantidad a pagar a los afectados es casi cuatro veces el presupuesto anual municipal.
Busca de fondos
El pasado mes de julio, el pleno de Miño aprobó por unanimidad acogerse al fondo estatal para abonar con este dinero cerca de una tercera parte de la deuda - aproximadamente 6 millones de euros-. Para cubrir el resto de las indemnizaciones, el regidor estudia ejecutar avales por valor de 7,5 millones de euros, así como personar al Concello en el proceso de liquidación de Martinsa-Fadesa para tratar de recuperar una parte de lo que se debe.
Esta misma semana, el alcalde ha colgado en la web municipal una carta abierta en la que asegura que, para afrontar el pago de los seis millones solicitados al Estado, no subirá tasas ni impuestos. Además, anuncia que ya ha iniciado los trámites para contratar una auditoría externa del expediente de Costa Miño para esclarecer cualquier tipo de responsabilidad penal de los anteriores gestores municipales y también que solicitará una contribución por parte de la Xunta, ya que fue el Ejecutivo autonómico quien concedió los permisos urbanísticos.