A medida que se va conociendo parte del sumario de la operación Pokémon aparecen más implicados en la trama. En este caso, la documentación aportada a la juez Pilar de Lara consta las "continuas irregularidades" en al Ayuntamiento de Valdoviño. Mientas que Aduanas ha investigado el informe del secretario municipal que avaló la concesión de la piscina de Arzúa. En esta parte del sumario, que se ha conocido este sábado, aparecen un total de seis ayuntamientos que, por una u otra razón, están bajo sospecha y, por tanto, investigados por la juez instructora de la Pokémon.
A raíz de que trascendiesen las sospechas sobre obras en el Ayuntamiento de Valdoviño, un ciudadano que se queda en el anonimato por temor a "venganzas", pero que se identifica como "trabajador" del Consistorio, envió a la juez que instruye la operación Pokémon una relación de actuaciones realizadas al "no poder pasar por alto continuas irregularidades que se hacen con respecto a Aquagest".
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, recibió otros escritos de "agradecimiento" por sus indagaciones sobre los contratos de Aquagest en esa localidad, en el que le invitan a "comprobar la ampliación que se le concedió" a esa empresa por un periodo de 10 años a razón de 200.000 euros al año.
También llamaron la atención sobre las partidas para la estación de bombero y la red de abastecimiento construida, así como denunciaron que el concejal de Obras en la época, en referencia a José Rodríguez, ·tenía línea directa con el responsable de Aquagest".
En este mismo escrito, que tampoco va firmado pero del que se presumen que son varias personas, advierten a la jueza que se "dé prisa porque conociendo al personaje, destruirá las pruebas". Añaden, además, que "muchas obras comenzaron con un presupuesto de 40.000 euros y acabaron en 145.000 euros".
Visitas
En la información recibida, se explica que el responsable de Aquagest José Luis Míguez estuvo "al menos dos veces en el despacho del alcalde" y en una de ellas comió en un restaurante, cuyo nombre también ponen por escrito. Una de esas visitas fue "antes de la ampliación que se concedió a Aquagest por diez años" y, según recogen, estaba "asesorado" por José Rodríguez, concejal de Converxencia Galega (aunque no afiliado) que hasta 2011 fue concejal de servicios y que entró en el gobierno del alcalde popular en 2013.
Invitan a la juez a revisar los "contratos a dedo" de obras del plan estatal de inversiones entre los años 2008 y 2011, cuando José Rodríguez era concejal de servicios. A ello, añaden que en 2012, cuando no era edil responsable de esa área, ese concejal habría autorizado "con el consentimiento del alcalde" el pago de facturas.
Otra documentación aportada
Entre la documentación aportada, se encuentran facturas pagadas correspondientes con el periodo 2009-2010 de la estación depuradora, autorizadas en un pleno en 2011 y que se corresponden con un periodo en el que la EDAR -gestionada por Aquagest- no funcionaba por deterioro del edificio, según consta en un informe de Augas de Galicia, también aportado entre los papeles.
También se adjuntan actas plenarias en las que se habla de que para la realización de obras se consultó a Aquagest. Según consta en un pleno del 29 de noviembre de 2011, el alcalde, el popular José Antonio Vigo Lago, defendió que se habían propuesto unas obras "de acuerdo con los criterios de los técnicos municipales y la empresa Aquagest y que fue un tema técnico", en referencia a las obras que se iban a incluir en el plan provincial de cooperación a obras y servicios de competencia municipal.
Investigación de la juez
Junto con otros ayuntamientos de la zona -como Ortigueira y Cedeira- también salpicados por la operación Pokémon, Valdoviño es uno de los investigados por adjudicaciones de obras realizadas a la empresa Aquagest en los años 2011 y 2012.
Así, agentes de Vigilancia Aduanera recogieron en febrero de 2013 en este Consistorio documentación de unas obras contratadas con fondos del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de A Coruña del año 2012, en algún caso iniciada y en otros todavía no, con una cantidad que rondaría los 200.000 euros.
Con posterioridad, y un auto, la jueza mostró sus "sospechas" de que, tanto Valdoviño como en otros ayuntamientos, Aquagest habría "amañado", en connivencia con funcionarios y autoridades municipales, concursos. Para ello, se valía de "empresas amigas" que concurrían a los mismos procedimientos con "peores condiciones", a fin de que la compañía de obras hidráulicas se hiciese con la adjudicación.
En ese auto, en el que solicitaba información, reclamaba documentación relacionada con contratos en las localidades coruñesas de Bergondo, Cedeira, Valdoviño, Ortigueira y Santiago y en la pontevedresa de Ponte Caldelas.
La piscina de Arzúa
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) investigó el informe del secretario del ayuntamiento de Arzúa que avalaba la concesión a Aquagest del servicio de la piscina municipal sin un nuevo concurso público y después de que el Ayuntamiento, que entonces dirigía el nacionalista Xaquín García Couso, asumiese unos siete meses atrás (desde septiembre de 2008) la gestión directa del servicio.
Según figura en los nuevos folios del sumario de la operación Pokémon que se han trasladado a las partes y a los que ha accedido a Europa Press, al menos hay dos escritos en los que se denuncia que el expediente de la piscina municipal podría haber sido modificado añadiendo el informe del secretario tras conocer que la instructora de la operación Pokémon, Pilar de Lara, iba a solicitar dicha documentación.
En el informe investigado, el secretario, J.C.L.S., según uno de los escritos anónimos, ratifica que "no habría impedimento legal para adjudicar el contrato de la piscina climatizada a favor de la sociedad que presentó su mejor oferta" y recomienda "que se aporte la documentación de otro servicio, poniendo como ejemplo el servicio de abogados que tiene contratado el ayuntamiento".
Según el mismo anónimo, ese informe "está sin registrar, sin diligenciar y sin sellar". Añade, además que entre el periodo de tiempo que transcurrió entre la solicitud del expediente por parte de De Lara y la entrega del mismo "esta documentación anduvo de mano en mano, incluso entre alguna de las personas implicadas".
La denuncia remitida al juzgado de Lugo añade que "hay muchos motivos" para pensar que ese documento "pudo haberse incluido" en el expediente en el momento que la jueza "solicitó la documentación" para "salvar la situación del exalcalde".
A modo de argumento, señala que la urbanización donde vive el secretario, que "no es de suelo público, fue "urbanizada sin licencia con fondos del Ayuntamiento durante la pasada campaña municipal por el propio exalcalde Xaquín García Couso, también implicado en la trama".
Sin constar amistad
En esta coyuntura, Aduanas constató que en el informe "se puede comprobar que efectivamente se encuentra sin registrar y sin sellar", aunque "a falta de una prueba caligráfica", señala que "la rúbrica es semejante a la de otros escritos del secretario".
Dicho esto, contrasta el hecho de que este documento esté "sin registrar y sin sellar" frente a otros incorporados al expediente, pero rechaza las sospechas del anónimo sobre una incorporación posterior, toda vez que subraya que dicho documento coincide con el presentado en la denuncia efectuada por el popular Antonio Orois en julio de 2013.
"Y por lo que respecta al resto de los puntos, esta investigación no tiene conocimiento de su posible amistad con el anterior alcalde, si es suelo público donde están dichas viviendas ni si hubo urbanización sin licencia, datos que deberá facilitar el Ayuntamiento de Arzúa", constata.