El presentador de La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta, ha centrado su editorial de este martes en la nueva fiscal propuesta por el Partido Socialista: Teresa Peramato, promocionada dos veces por Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz y defensora a muerte de la ley ’solo sí es sí ' –que ha puesto en libertad a violadores–.
Carlos Cuesta ha lanzado una dura advertencia: el Gobierno se prepara para una confrontación sin precedentes entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, con el objetivo de tumbar la condena al fiscal Álvaro García Ortiz, desacreditar a la UCO y blindar a su entorno político.
"La gente que me conoce y con la que he hablado hoy lo tiene claro: estamos en la fase naciente del choque final", ha afirmado. Según Cuesta, el Ejecutivo de Sánchez tiene un plan calculado, que pasa por "jugar a poli bueno y poli malo" para calentar a la sociedad, atacar al Supremo y recurrir al Constitucional para revertir la sentencia que condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos.
Teresa Peramato, nueva fiscal general
Con respecto a la proposición de la nueva fiscal, Cuesta ha recordado que fue promocionada por Dolores Delgado y el propio García Ortiz, y la describe como una defensora de la ley del ‘solo sí es sí’ incluso cuando sus efectos ya eran conocidos: "Decía que había que salvar la ley porque suponía mejoras incalculables para las mujeres. Por ejemplo, la de tener que ver a tu violador por la calle".
El periodista ha citado testimonios que definen a la nueva fiscal como de "incuestionable radicalidad" y con un "sectarismo a prueba de bombas", y ha criticado que el Ejecutivo haya confiado nuevamente en perfiles vinculados al Partido Socialista.
Del "ejemplo" García Ortiz a la estrategia ante el Constitucional
Cuesta ha recordado que el Gobierno ha defendido públicamente a Álvaro García Ortiz incluso después de su condena. "El ministro Félix Bolaños lo definió como una persona ejemplar y dijo que acataría la sentencia por deber legal", ha explicado, comparando esta fórmula con el "imperativo legal" usado por Batasuna.
Según el periodista, todo el discurso institucional está diseñado para justificar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, donde el Gobierno busca que se anule la condena al fiscal general. "El plan pasa por hacer creer que hubo una violación del derecho a la defensa y de la intimidad de García Ortiz en el registro de la Fiscalía", ha afirmado.
Ha explicado también que los agentes de la UCO realizaron un volcado completo de los datos, como es procedimiento habitual, para después eliminar los archivos no relacionados con el mandato judicial. Sin embargo, asegura que el Ejecutivo prepara una narrativa para desacreditar tanto a la UCO como al Supremo: "Un doble golpe institucional".
La mayoría progresista del TC, clave para anular la sentencia
Una de las claves del plan, según Cuesta, es la composición actual del Tribunal Constitucional: "Si Conde-Pumpido se abstiene, seguirá habiendo una mayoría progresista de seis a cinco", lo que garantizaría, a su juicio, un fallo favorable al Gobierno. "La ausencia de Conde-Pumpido servirá solo para disimular, para hacer ver que la decisión es imparcial", ha señalado.
Además, el periodista ha advertido de que el PSOE prepara un ataque calculado contra el Poder Judicial, con el fin de proteger su estructura política, incluso a costa de "dividir a la sociedad española y dañar gravemente el prestigio internacional del país".
"Pedro Sánchez está dispuesto a todo para defenderse a sí mismo y a su entorno"
"Este plan no es por el interés general. Es por proteger a Sánchez, a su mujer, a David Sánchez, a la trama, a los que rodean al Partido Socialista", ha dicho Cuesta. "Con tal de defenderse a él mismo, Sánchez es capaz de provocar el mayor choque institucional de nuestra historia democrática".
Cuesta ha cerrado su editorial recordando que el artículo 123 de la Constitución establece claramente que el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales. Por ello, sostiene que usar al Constitucional como vía para tumbar una condena judicial firme es una operación política grave.
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