La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, y la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, han presentado este miércoles, en compañía de distintas entidades sociales, el I Plan Gallego contra la Trata, un documento trianual dotado con siete millones de euros para desarrollar 59 medidas en ámbitos como la prevención y la educación, la investigación, la mejora de los recursos o la coordinación entre administraciones.
Durante el acto, Lorenzana ha destacado la "importantísima colaboración" y las aportaciones recibidas desde el ámbito de las entidades que trabajan en el campo de la lucha contra la trata y ha puesto en valor la necesidad de "una respuesta coordinada e integral" desde Galicia para "contribuir a la erradicación de esta lacra".
De esta intención nace este plan gallego, orientado al periodo 2022-2024, que incidirá en distintos campos y afectará transversalmente a los departamentos de la Xunta para luchar contra "esta grave violación de los derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas". "Constituye una forma de violencia de género y de discriminación contra la mujer", ha dicho Lorenzana.
En total, el plan, que se rige por seis principios rectores, está articulado en cinco áreas estratégicas que incluyen 59 medidas, el 60% procedentes de las aportaciones de las asociaciones.
Según ha explicado Susana López Abella, el plan se articula en cinco áreas genéricas de actuación, cada una de las cuales se desarrolla en medidas específicas.
En concreto, las áreas serán la prevención, educación y sensibilización social hacia la trata, con especial atención al consumo de prostitución desde edades tempranas --entre 14 y 16 años de inicio--; el fortalecimiento de los recursos de atención integral a las víctimas; la investigación y mejora del conocimiento existente sobre esta problemática de cara a mejorar la intervención y la mejora de la coordinación institucional.
Entre las medidas concretas está impulsar un estudio sobre la trata, para la actualización de la información existente, fortalecer los servicios de acompañamiento y acogida de emergencia, establecer criterios de intervención y atención integral, agilizar las ayudas económicas para las víctimas y reducir la burocratización o formar a los profesionales implicados en esta atención, entre otras cuestiones.
Durante la rueda de prensa, María Jesús Lorenzana ha explicado que la situación de la trata con fines de explotación sexual requiere la "urgente aprobación de una ley orgánica" a nivel estatal de lucha contra esta lacra, una cuestión incluida en el Pacto de Estado contra la violencia de género, pero que todavía no ha sido desarrollada.
"España necesita un texto legislativo que recoja, al máximo nivel, las medidas que tenemos que tomar desde las administraciones", ha explicado Lorenzana.
Por este motivo, la Xunta ha optado por limitar este I Plan a tres años, esperando que en un plazo razonable pueda existir esta ley orgánica a nivel nacional, lo que implicaría implementar más medidas en el documento gallego.