Los Franco han renunciado a cinco bienes del pazo de Meirás, en el inicio de la vista de cuestiones incidentales para determinar la naturaleza de los que hay en el inmueble y "cuáles pueden ser retirados por los demandados", según ha expuesto el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña al comienzo de la misma y en referencia a la familia del dictador.
Antes de comenzar las declaraciones de testigos y peritos, los Franco han avanzado que renunciaban a cinco bienes, entre los que están la escultura de San José, unos escudos y un monolito.
Por su parte, en declaraciones a los periodistas, a las puertas de la antigua Audiencia Provincial de La Coruña, el alcalde de Sada, Benito Portela, ha trasladado que mantienen "muchas expectativas" sobre el resultado de la vista y se ha remitido al informe pericial "muy preciso" de su parte para reclamar la titularidad pública de los bienes.
"Todos los bienes muebles del pazo, a excepción de los que acrediten que fueron puestos con posterioridad a 1975", ha sentenciado sobre la postura de Sada, donde se ubica el inmueble, en esta vista.
Lo ha hecho antes de que, ya en ella, el juez no admitiese el citado informe pericial --que analiza bienes entre 1938 y 1975-- por presentación "extemporánea" y por entender que no se incorporan "nuevos hechos". Por el contrario el letrado del consistorio de Sada lo ha calificado de "pertinente", planteamiento que ha defendido el Estado.
Inicialmente fijada para octubre del año pasado, esta vista ya se pospuso para celebrarla en noviembre y, con posterioridad, en enero. Sin embargo, se aplazó, en esta última ocasión a solicitud de la Administración General del Estado y de la Xunta, quienes pidieron la suspensión porque el informe pericial elaborado por la familia Franco tuvo entrada a principios de ese mes.
De los bienes existentes, el Estado ha reclamado 133 y hasta el momento eran 55 los que estaban en discusión con la familia Franco, que ya ha avanzado su renuncia a cinco.
En la vista, están personados los Franco, además del Estado, la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de A Coruña y Sada, que reclama la titularidad pública de todos los bienes desde la época de Emilia Pardo Bazán hasta la muerte de Franco y que fueron incorporados durante la dictadura por el Estado.