La titular del juzgado de instrucción 2 de Tui (Pontevedra) ha dictado auto en el que rechaza la petición de la familia de Déborah Fernández Cervera, la joven viguesa cuyo cadáver apareció en una cuneta en mayo de 2002, de transformar las diligencias actuales en un procedimiento de Tribunal de Jurado, según han confirmado fuentes jurídicas.
La representación procesal de la familia había pedido al juzgado este trámite, amparándose en las previsiones recogidas en la propia Ley del Jurado, pero la magistrada ha rechazado abrir ese procedimiento argumentando que "hay que esperar a que se complete el informe pericial acordado".
La jueza se refiere al nuevo informe que ha solicitado a expertos de la Guardia Civil sobre el disco duro del ordenador de Déborah Fernández, y tras el análisis pericial elaborado por Lazarus Technology.
Los abogados de la familia de Déborah ya mostraron su "perplejidad" cuando la instructora acordó pedir ese contrainforme, ya que el disco duro había pasado ya por manos de peritos de la Guardia Civil y no solo no habían podido extraer información del dispositivo, sino que incluso, en propia sede judicial, se causaron daños al aparato al tratar de clonarlo.
Precisamente, los letrados han pedido explicaciones a la jueza por esa decisión de solicitar un nuevo informe, y le ha preguntado "si pone en duda el informe contundente de Lazarus Technology", que concluyó que el disco fue manipulado en algún momento después de haber sido recogido por la Policía Nacional.
La confirmación, por parte de los peritos, de esa manipulación, llevó a los abogados de la familia de Déborah a pedir que se abriese una pieza separada y se investigase qué pudo ocurrir mientras el dispositivo estuvo bajo custodia de la Policía Nacional, la Guardia Civil y en el propio juzgado.
Así, los letrados solicitaron a la jueza de instrucción que pidiese informe tanto a los cuerpos de seguridad como en su propio juzgado sobre la cadena de custodia del disco duro, pero la magistrada ha rechazado estas demandas, así como la posibilidad de apertura de esa pieza separada.
La investigación judicial por la desaparición y muerte de Déborah Fernández Cervera se archivó en 2010 sin que se hubiera detenido ni imputado a nadie. En noviembre de 2019 se reabrió el caso por parte del juzgado y, en febrero de 2022, se imputó formalmente a Pablo P.S-L., el exnovio de la víctima.
A finales de abril pasado, se cumplieron 20 años de la desaparición de la chica y, alcanzado el plazo de prescripción, no se podrá imputar a nadie más en relación con este caso.