Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la cumbre de Santiago de Compostela han reclamado "transparencia" en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que piden que "solo" sea "fruto de un consenso multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
De esta forma, los ocho mandatarios autonómicos, que piden que se tengan en cuenta todas las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, reclaman que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden "al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad".
Este es uno de los puntos de la Declaración de Santiago que este martes ha salido del encuentro en el que han participado los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria.
El documento, que consta de 35 puntos, reclama también el refuerzo del CPFF con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las comunidades y al Gobierno para determinar el coste real de los servicios y la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual.
En el arranque del documento, las ocho comunidades reivindican que comparten "intereses comunes, que nacen de sus características sociales y demográficas, económicas e históricas", y remarcan el papel de las autonomías y el trabajo que deben realizar en "estrecha coordinación" con el Gobierno central y "con absoluta lealtad a los intereses generales".
"Reiteramos nuestra adhesión incondicional a los principios que regulan la organización territorial del Estado en la Constitución: la unidad de la Nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas", recoge el texto, en el que se alude a la "emergencia demográfica" y se ejemplifica con que las ocho comunidades suponen un 61,97% de la superficie española y un 24,13% de su población.
"Estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura demográfica e imponen retos específicos a sus Administraciones, que deben prestar a los españoles que viven en ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de los ciudadanos del país", agrega, al tiempo
que incide en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser fruto "de la colaboración activa y leal" de todas las administraciones.
En este sentido, expresan su voluntad de consenso, pero advierten que "el modelo resultante de las negociaciones deberá respetar la igualdad de todos los españoles protegida por la Constitución, así como rechazar "privilegios económicos o sociales como recoge el artículo 138 de la Carta Magna".
"Defendemos y perseguimos un desarrollo social y económico equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades", constata.