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La Autoridad Portuaria de La Coruña convoca a Xunta y Ayuntamiento para determinar como transformar la fachada marítima

Fernández Prado considera que la comisión no puede avanzar sin un acuerdo entre las tres administraciones que quieren aportar inversión

La Autoridad Portuaria de La Coruña ha convocado a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de La Coruña a una reunión para establecer el marco general sobre el que desarrollar los acuerdos para acometer la transformación de la fachada marítima.

La Autoridad Portuaria considera que la definición del porcentaje que asumirá cada administración en la adquisición de los terrenos, y en la inversión necesaria para la urbanización de los mismos, entre otros aspectos, no puede ser acordada en una comisión técnica, sino que precisa de un acuerdo político previo.

Por ello, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, ha enviado hoy una carta a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y al concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, proponiendo una reunión al objeto de alcanzar un acuerdo sobre la participación de cada institución en la futura titularidad de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, y en las obras que se llevarán a cabo para su integración en la trama urbana.

Tal como indica Fernández Prado en la carta, lo más apropiado, en línea con el sentir general de todas las administraciones, es segregar las soluciones para Batería-Calvo Sotelo y para San Diego, debido a la diferente situación de cada zona en cuanto a disponibilidad, plazos de actuación, tamaño y administraciones intervinientes. Por ello, la Autoridad Portuaria propone la creación de un grupo de trabajo específico para cada ámbito, simplificando la participación de cada administración en todo el proceso.

De esta manera, junto al necesario acuerdo político previo, se propicia el avance en la tramitación relativa a Batería-Calvo Sotelo, una vez que se ha alcanzado un consenso en que la fórmula más adecuada para esta zona es la aportación de fondos por parte de las administraciones, manteniendo así la titularidad pública de los terrenos y contribuyendo a la sostenibilidad financiera de la Autoridad Portuaria.

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