El Tribunal Supremo ha convocado para el próximo 20 de octubre a los magistrados de la sala de lo social para debatir sobre el recurso que interpuso Alcoa contra la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) para más de 500 trabajadores que pretendía aplicar en la fábrica de Cervo (Lugo).
En una providencia de este martes, la sala acuerda fijar dicha fecha "dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su trascendencia".
Indica, en concreto, que procede su debate por la sala en Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial.
La sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretó nulo el ERE de Alcoa al apreciar "mala fe" en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo "fin único y primordial" era "apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible".
El TSXG condenó así a la empresa a reincorporar a los empleados afectados a su puesto de trabajo --aunque el ERE no se había ejecutado y por tanto ningún empleado había recibido la carta de despido--.
En todo caso, el alto tribunal acogió la demanda de los sindicatos CC.OO., CIG y UGT frente al despido colectivo presentado por la multinacional del aluminio.
La sala apreció "mala fe" en las negociaciones por parte de la empresa al asegurar que su posición sobre los despidos y sus compensaciones "no varió nada" desde su propuesta inicial.
Concluyeron los magistrados que la intención de la compañía era "paralizar las cubas electrolíticas de la fábrica para su posterior cierre" y entendieron que con la oferta del ERE que realizó al comité pretendía "vestir lo mismo, pero de una manera diferente".
Así, destacaron que ese ERE "no privaría a la empresa de la posibilidad de extinguir los contratos de trabajo una vez terminada su vigencia".
Los jueces consideraron "sumamente significativo" el número de trabajadores afectados por los despidos, puesto que su porcentaje "se aproxima, sin superarlo, a aquel que, según las normas regulatorias, le permite a la empresa consolidar las ayudas recibidas de las administraciones públicas sin tener que devolverlas y, a la vez, sin impedirle el cierre de las cubas".
En diciembre del año pasado, Alcoa inició el procedimiento para recurrir al Tribunal Supremo la sentencia, con la esperanza de que la sala concluya que actuó "de buena fe" durante el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. "Lo llevamos a cabo de manera justa y conforme con los requisitos legales", aseguró.
En este sentido, defiende que la decisión del ERE se tomó "tras un largo periodo de consultas acerca de los importantes y permanentes problemas estructurales que hacen que la planta de aluminio de San Cibrao no sea competitiva".
En este contexto es en el que se volvieron a activar, a comienzos de este año, las negociaciones para la venta de la factoría, con conversaciones entre la multinacional, los gobiernos autonómico y central y varias empresas interesadas.
La venta directa a un tercero (como desea el Ejecutivo central) o el hecho de que sea la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) la que actúe como intermediaria de la operación es la clave en el bloqueo de este proceso, que se prolonga durante meses en el tiempo y cuyo último hito fue la reunión entre la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de Alcoa, Roy Harvey, durante este mes de julio en Pittsburgh.