El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y tres conselleiros reciben por primera vez esta legislatura a la dirección de la Fegamp, cuyo presidente, Alberto Varela, irá con la demanda de conocer los datos de la incidencia por coronavirus, desagregada por ayuntamientos, bajo el brazo.
Al encuentro, asisten los miembros de la junta de portavoces de la Fegamp, el vicepresidente primero y alcalde de Cervo, Alfonso Villares Bermúdez, el vicepresidente segundo y alcalde de San Sadurniño, Secundino García, y la vicepresidenta ejecutiva y alcaldesa de Betanzos, María Barral.
Por parte de la Xunta, fueron el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia e Turismo, Alfonso Rueda; el titular de Facenda, Valeriano Martínez; el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; y el directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto.
Este encuentro, llega en plena crisis sanitaria y en un curso político que arranca sin proyecto de presupuestos previsto.
En días pasados, el presidente de la Xunta reconoció que no podrá presentar los presupuestos autonómicos en la fecha establecida por ley --antes del 20 de octubre--, debido a que todavía no contaba con las cifras macro marcadas por el Gobierno central.
El escenario en que se celebra este encuentro a dos bandas también es el de un contexto de pandemia en el que los municipios piden conocer los datos de la incidencia desagregados en cada una de las localidades gallegas, una información que la Xunta se ha comprometido a facilitar pero que no ha sido enviado por el momento.
Otro de los asuntos que son objeto de la relación entre la Xunta y los municipios son las sanciones por los incumplimientos de las medidas decretadas por la crisis sanitaria.
Un reciente informe de la asesoría jurídica de la Xunta apunta que les corresponde a los municipios la competencia de tramitar expedientes y poner multas, sujetas a la actual Ley de salud pública. Aunque el Gobierno gallego, como ha dicho su vicepresidente primero, no renuncia a incrementar o modificar este aspecto en la próxima reforma de la ley gallega, que ya estaba anunciada.
Además, los ayuntamientos, pendientes del uso de remanentes, también han solicitado a la Xunta más fondos para hacer frente a la pandemia, entre otros, para cubrir los gastos derivados de la limpieza de los colegios.