Francisco Javier G.O., funcionario del Ayuntamiento de Vigo, afronta una pena de ocho años de cárcel, que solicita la Fiscalía por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el supuesto "enchufe" en una concesionaria de la cuñada de Carmela Silva.
Así se recoge en el auto de apertura de juicio oral que contra este funcionario y contra el gerente de Imesapi, Ramón C.A., para quien el ministerio público pide 7 años, por los delitos de malversación y falsedad, como cooperador necesario, ha decretado el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, y al que ha tenido acceso Efe.
Además de las penas de cárcel, que la acusación popular eleva a 28 años para Francisco Javier G.O. y a 13 para Ramón C.A., la Fiscalía pide inhabilitar al primero para empleo o cargo público durante 30 años.
El juzgado cita a Francisco Javier G.O. para el 2 de mayo y a Ramón C.A. para el día siguiente, para notificarles formalmente la apertura de juicio oral y entregarles una copia de los escritos de acusación.
En su escrito, la fiscal pide que declaren como testigos la cuñada de Carmela Silva, Vanesa F.B., el concejal de Participación Ciudadana, Santos Héctor, y José Antonio M.B., apoderado de Imesapi.
Los tres fueron investigados inicialmente en la causa, aunque a lo largo de la instrucción la juez sobreseyó las actuaciones respecto de ellos.
La fiscal Eva Calvete señala en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, que Francisco Javier G.O., en su condición de jefe del servicio de Participación Ciudadana, "con la intención fraudulenta" de que el Ayuntamiento de Vigo diera una ocupación laboral a la cuñada de Carmela Silva, "ideó un plan" al efecto.
Éste consistió, "con flagrante vulneración de la legalidad", en requerir al otro procesado, Ramón C.A., administrador de Imesapi, la contratación de Vanesa F.B. en esta concesionaria.
Para ello, el empresario "aparentó" la contratación de la cuñada de Silva, a pesar de que la empresa no necesitaba más personal y sin que Imesapi fuera su empleador, ya que aquella recibía órdenes del funcionario municipal.
Además, para el abono de sus nóminas, "elaboradas de forma mendaz en cuanto a cantidades y conceptos", ambos planearon, según la fiscal, un plan por el que Imesapi le facturaba al Ayuntamiento de Vigo diversas cantidades a través del "uso fraudulento" de sucesivos contratos menores adjudicados directamente a esta empresa.
Estos contratos menores estaban relacionados con la elaboración de unas encuestas de calidad de los servicios municipales, por las que el Ayuntamiento de Vigo pagó 108.147,22 euros, que Imesapi no elaboró y cuya autoría se desconoce.
El Juzgado de Instrucción 7 de Vigo desimputó a Santos Héctor, concejal y a la sazón secretario provincial del PSdeG-PSOE en Pontevedra, al no quedar acreditado que tuviera "conocimiento efectivo" sobre la "finalidad pretendida" con los contratos menores de encuestas de calidad encargados por su departamento a Imesapi.
Vanesa F.B. fue desimputada previamente por prescripción del delito que se le atribuía, además de los interventores municipales Luis G.A. y Juan Ramón G.O. y del apoderado de Imesapi, José Antonio M.B.