La intención del Ministerio de Fomento de eliminar progresivamente la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) para liberalizar el sector, ha puesto en pie de guerra a los más de cuatrocientos estibadores que trabajan en los puertos gallegos que, de confirmarse la aprobación del decreto, ya han anunciado una huelga los días 20, 22 y 24 de febrero.
En los muelles gallegos trabajan más de 200 estibadores -el de Vigo concentra la mayor parte, unos 150- Son el personal en plantilla, a los que hay que sumar los eventuales y el personal de las consignatarias como Ceferino Nogueira, Pérez Torres, TMGA o Termavi, entre otras, que elevan la cifra por encima de los cuatrocientos efectivos.
Como explica el secretario nacional de CIG-Mar, Xabier Aboi, "de momento" serán paros parciales, días alternos con horas alternas, lo que provocará retrasos en las entregas, "pero no es nada que no se pueda solucionar". "Es más una llamada de atención, porque un paro continuado paralizaría el país", matiza.
De lo que se trata, aclara, es de frenar la "liquidación del sector" que propone el Gobierno y la consiguiente vuelta a "una selva como la de hace 200 años". También de presionar para que el Ejecutivo y la patronal -con la que había "mucho acercamiento"-, usen "la última puerta que queda abierta": la de la negociación.
La patronal, con Fomento
Sin embargo, este mismo martes, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ha manifestado su "apoyo" a la reforma del sector que plantea el Ministerio de Fomento, puesto que "no ha sido posible" alcanzar un acuerdo con los sindicatos de estibadores en la negociación mantenida en los últimos meses.
Los estibadores cuentan, no obstante, con el respaldo "sin fisuras" de la Federación de Trabajadores de los Puertos. Su coordinador general, Julio Jiménez, ha calificado de "atropello a los derechos de todos los trabajadores" la postura "autoritaria" del ministro de Fomento,Íñigo de la Serna, al "imponer vía decreto" una reforma a la ley en lugar de que ésta "sea producto de la negociación entre las partes".
Además, Jiménez considera que esta "reconversión unilateral" de la estiba, que persigue "la precarización del trabajo a través de ETT, sin registro", únicamente servirá para deteriorar la paz social y lastrar "la competitividad que tanto dicen desde el Gobierno que persiguen".