La Fiscalía mantiene la pena de tres años de prisión y ocho años de inhabilitación para la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y cuatro miembros más de la comisión de gobierno que en el 2009 concedió la licencia para la ampliación de las instalaciones de la fábrica de Vestas, en Chavín. Declararon todos los imputados, todos en la misma línea, y siete testigos. Loureiro dijo en el juicio en el que está siendo juzgada por un supuesto caso de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia para la ampliación de la fábrica de la multinacional Vestas que nunca tuvo conciencia de que estuviese "vulnerando la ley".
El terreno para cuya edificación, como ampliación de la nave preexistente, se hizo sobre suelo calificado como urbanizable no delimitado de uso industrial, y que, por tanto, opera como rústico. Para su desarrollo urbanístico se precisaba un plan de sectorización que no existía; la concesión de la licencia se llevó a cabo con la idea de elaborar posteriormente el citado plan. A raíz de una denuncia, el Concello acabó por anular la licencia concedida, y contra este acuerdo recurrió Vestas; el juzgado de lo contencioso ha suspendido cautelarmente la aplicación de la anulación.
Todos los imputados pusieron de relieve que el encargado de todos los asuntos de urbanismo era el alcalde de entonces, Melchor Roel, ya fallecido; que desconocían las cuestiones urbanísticas y el contenido concreto de los informes técnico y jurídico (contrarios a la concesión de la licencia). Pusieron de manifiesto la importancia de la citada industria para Viveiro, si bien prácticamente todos destacaron que no hubieran adoptado una decisión que supieran que no era legal aunque eso supusiera pérdida de puestos de trabajo.
La fiscal en su alegato final no dudó de que los acusados actuasen con buena voluntad, pero destacó la obligación que como representantes institucionales tenían de actuar conforme a la legalidad vigente, y que no los excusa su desconocimiento de la ley. Debieron comprobar el contenido de los informes para evitar incurrir en "ignorancia deliberada" y tuvieron ocasión de ejercer su derecho a abstenerse o a votar en contra de la propuesta.
En declaraciones a Efe, el abogado de la regidora local aseguró que los miembros de la junta de gobierno actuaron entonces movidos por el "interés social" del proyecto, porque está "acreditado" y así lo "reconoce hasta el ministerio fiscal" que la multinacional "condicionaba" su permanencia en Viveiro a la licencia para poder ampliar su planta.
"Actuaron movidos por la supervivencia de Viveiro", insistió Julio Lois Boedo, porque "estamos hablando de 110 puestos de trabajo" directos y "hay que multiplicar por 10 los que genera indirectos".
De hecho, a pesar de las diferencias políticas entre los grupos de la Corporación Municipal, recordó, "el pleno aprobó por unanimidad instar a la junta de gobierno" a aprobar "esa licencia".
Por todo ello, confía en que la regidora local saldrá absuelta, al igual que los demás miembros de la junta de gobierno en el año 2009.