El juicio contra los 12 okupas que en 2011 "se encerraron" la Sala Yago, un antiguo teatro y cine compostelano que permanece cerrado, ha quedado suspendido debido a la renuncia de una de las abogadas que representaba a varios acusados al no estar conforme con la línea de defensa. El juicio ha quedado fijado para el 13 de marzo de 2017, a las 9:30 horas.
Desde primera hora de la mañana de este miércoles, medio centenar de personas se ha concentrado ante la sede judicial para protestar contra este proceso judicial, en el que dos de ellos encausados están acusados de un delito de tenencia ilícita de explosivos.
Todos los acusados están se enfrentan a 18 meses de prisión por un delito de usurpación de inmuebles, es decir, por la ocupación propiamente dicha. Además, otros dos procesados, M.P.F e I.B.O., se enfrentan a otros tres años de prisión (en total 4,5 años) por supuesta tenencia ilícita de explosivos cuando fueron desalojados del emblemático edificio de la Rúa do Vilar.
Una de las personas encausada, y que se enfrenta a 18 meses, es Adrián Mosquera Pazos, alias Senlheiro, que está condenado desde 2014 a siete años de prisión por tenencia de explosivos guardar explosivos supuestamente de Resistencia Galega, aunque fue absuelto de pertenecer a este grupo declarado "terrorista" por la Audiencia Nacional en 2013.
Precisamente, a las puertas de la sede judicial, una pancarta que rezaba 'Tú estás preso por luchar por todas. Luchemos todas porque quedes libre, Senlheiro Libertad'. Adrián Mosquera Pazos llegó en furgón policial procedente de la cárcel coruñesa de Teixeiro y fue recibido entre aplausos y silbidos por parte de las personas que acudieron a apoyarle.
Entre los apoyos que recibieron los encausados, se encontraban el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Santiago, Rubén Cela, y la diputada electa de En Marea, Eva Solla, quienes acudieron a las puertas de los juzgados.
Manifiesto este martes
Este martes, a las puertas del antiguo cine, dos de las personas que participaron en la ocupación cinco años atrás leyeron un manifiesto en el que denunciaron que su situación se deriva de la actuación de por aquel entonces alcalde de la ciudad, el popular Gerardo Conde Roa.
En su comunicado, esgrimieron que aquel miércoles 23 de noviembre de 2011 cuando la Policía Nacional "irrumpió sin esfuerzo en una sala" cuya puerta "estaba abierta".
"Tras cuatro horas de registro desproporcionado y minucioso llevaron detenidas a las once personas que en ese momento estaban dentro. (...) Os preguntaréis por qué somos once los detenidos y doce en el patíbulo. Pasados unos días otra persona fue imputada tras identificar una huella parcial dentro de la sala. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué esta huella valía más que las de los otros cientos de personas que pasaron por allí? Esto es algo que aún nos preguntamos a día de hoy", denunciaron.